Educación mantendrá los colegios rurales con al menos cinco alumnos en Extremadura

La medida se recoge en la nueva ley de reto demográfico que se está tramitando en la Asamblea de Extremadura y será una de las novedades con las que arranque el próximo curso 2022/2023, en el que también se estrenará la nueva normativa de escolarización. Tras la aprobación de la Lomloe, la Consejería de Educación ha actualizado los criterios de admisión de alumnos en los centros públicos y concertados, que a partir de ahora se regirán por un único decreto que aglutina a todas las etapas educativas desde Infantil (incluidas las guarderías de titularidad autonómica) a Bachillerato. 

El texto se aprobó el pasado miércoles en Consejo de Gobierno tras un periodo de negociación con sindicatos y asociaciones de padres y comenzará a aplicarse en el próximo curso, tras su publicación este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, defiende la idoneidad de actualizar estos criterios, que no se modifican desde hace 15 años, para «dar respuesta a las nuevas realidades sociales que antes eran impensables». El objetivo que se persigue es mejorar el proceso de escolarización para «buscar el equilibrio» entre la libertad de elección de las familias y la calidad y equidad educativa. 

El domicilio gana peso

De acuerdo al nuevo procedimiento, para asignar las plazas en los colegios ganará aún más peso la cercanía del centro elegido al domicilio o el lugar de trabajo de los padres (hasta 10 puntos, frente a los ocho actuales), aunque el primer criterio seguirá siendo la existencia de hermanos mayores en el colegio. Se incluyen como nuevos aspectos a valorar la situación de acogimiento familiar, ser víctima de violencia de género, pertenecer a una familia monoparental o haber nacido en parto múltiple. 

Para la renta se tendrán en cuenta los ingresos per cápita en lugar de los de la unidad familiar (beneficiará especialmente a las familias numerosas) y en el caso de existir discapacidad (del alumno, sus padres o hermanos) se sumarán entre uno y cinco puntos, en función del grado de afectación. Además, para favorecer la igualdad de oportunidades, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán optar a todos los centros públicos. 

Este nuevo baremo será de aplicación en los colegios cuya demanda de plazas supere a la oferta, algo que suele darse sobre todo en las ciudades pero que cada año tiende a reducirse por la caída de la natalidad: actualmente entre el 95% y el 98% de los niños entran en el centro escogido por los padres como primera opción, según los datos aportados por Amaya.

Pero, ¿qué ocurre en los pequeños municipios? El secretario general ha explicado que las «singularidades» de la escuela rural también vienen recogidas en el nuevo decreto de admisión, que se asegura a los niños «un puesto escolar gratuito en su propio domicilio o zona de escolarización establecida». 

Lo que determinará que esa plaza sea en la misma localidad o en otra cercana será «que se garantice la igualdad de oportunidades». «Eso no se consigue con una escuela con dos alumnos, porque rompe el principio básico de la socialización entre iguales», ha explicado Amaya poniendo como ejemplo los casos de Conquista del Guadiana y Alonso de Ojeda.

 En estos momentos la Consejería de Educación no tiene establecido por ley ningún mínimo de plazas para mantener abiertos los centros más pequeños, pero la ley de reto demográfico sí recoge en su artículo 55 que la Junta de Extremadura debe «garantizar» el funcionamiento de los colegios rurales de Infantil y Primaria con «al menos, cinco alumnos», como medida para fijar población al medio rural. Para este alumnado se deben considerar además las peculiaridades de su entorno y favorecer la permanencia en el sistema más allá de la enseñanza básica, se explica en el texto. La ley aún no está aprobada, pero a tenor de lo ocurrido este curso, es la tónica que ya Educación está aplicando en Extremadura.