Los propietarios de las viviendas de Isla Valdecañas también recurrirán la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la demolición del complejo de lujo. Barajan hacerlo por varias vías: al propio Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE porque según confirma su abogado, Luis Díaz-Ambrona, tras un primer análisis del fallo aprecian “algunos puntos flacos o poco satisfactorios”.

El primero de ellos es la composición del tribunal, que podría derivar de facto en la nulidad de la sentencia. El bufete de Díaz-Ambrona entiende que “está contaminado” por la presencia de dos magistrados que ya se habían pronunciado anteriormente sobre esta causa: Wenceslao Olea Godoy, ponente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que en 2011 declaró ilegal el proyecto de interés regional (PIR) que permitió la construcción del complejo; e Inés Huerta Graciano, que formaba parte de la sala que admitió el recurso ante el Supremo de Ecologistas en Acción y por ello no debería figurar entre los magistrados que posteriormente analizaron ese mismo recurso.

Díaz-Ambrona explica que ambos deberían haberse abstenido ahora, "porque la propia ley dice que el juez que haya intervenido en una instancia inferior tiene que abstenerse para conocer de la revisión de la resolución ante el tribunal superior". "Ese grado de contaminación del órgano colegiado que conforma el tribunal podría traer como resultado ciertas irregularidades, y de ahí podría derivarse incluso la nulidad de la sentencia", explica el letrado. El término judicial que lo define es incidente de nulidad, y se presentaría directamente al Supremo.

Pero los propietarios también estudian acudir al Tribunal Constitucional porque al igual que la Junta de Extremadura entienden que la sentencia del Supremo no desvirtúa el argumento fundamental del TSJEx, que llegó a la conclusión de que la demolición, en sus propios términos, es más negativa desde el punto de vista ambiental que mantener lo que ya está en servicio (aproximadamente el 50%) y derribar el resto a la vez que se inicia un proyecto de reforestación. “Sería un contrasentido devolver un espacio como este a un estado que medioambientalmente es peor. Eso el Supremo no entra a analizarlo de ningún modo, ni a contradecirlo, porque creo honradamente que es imposible por la contundencia de los argumentos del TSJEx”, insiste Ambrona, que apunta que ambas vías tienen base suficiente para la impugnación.