La Junta de Extremadura revisará los precios de los contratos de obra pública para compensar el encarecimiento de los suministros a través de la aplicación del Real Decreto 3/2022 en la región. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González, en estos momentos hay proyectos por valor de “casi 300 millones de euros en la calle” y ante el temor a que su posible paralización lastre la recuperación económica, “el presidente ha dado órdenes a las consejerías para que hablen con los contratistas”. “Porque no nos estamos jugando solo las infraestructuras, sino el objetivo prioritario al que no renunciamos de creación de empleo”, ha afirmado.
La Ley de Contratos del Sector Público ya permite la revisión de precio si el contrato se ha ejecutado al menos en un 20% de su importe y si han transcurrido dos años desde su formalización. Pero según la Junta, la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de las materias primas no se puede afrontar con este mecanismo.
Por ello, Extremadura se adhiere al Título II del Real Decreto Ley 3/2022, para dar respuesta a las empresas cuyos contratos no incluyan cláusulas revisión de precios en sus pliegos. En la reseña del Consejo de Gobierno se matiza que los contratistas que soliciten la revisión del precio de acuerdo al decreto estatal, no podrán acogerse a las medidas autonómicas que se incluyeron en la ley de presupuestos (ya se incluyó una enmienda para compensar la subida de los costes) ni en el decreto para la mejora de la calidad en la contratación pública, que se aprobó hace dos semanas.
60 millones adicionales
González ha señalado que el Ejecutivo es consciente de las dificultades que atraviesa el sector y que está dispuesto a hablar para que ninguna obra se paralice, algo que ha considerado fundamental para que se acelere la recuperación económica en Extremadura”. González no ha ofrecido datos acerca del impacto que estas medidas pueden tener en las cuentas autonómicas, pero según los cálculos del sector, los sobrecostes por el encarecimiento de los materiales ronda el 20%. Si la Junta tiene en estos momentos proyectos en ejecución por valor de 300, deberá poner encima de la mesa unos 60 millones de euros adicionales.
El origen de esa crisis de precios tiene múltiples causas. Está relacionada con la de la industria del automóvil y los microchips y el punto de partida está en el parón de las industrias en 2020 por el covid y el incremento posterior de la demanda, que se ha visto acompañado por una escalada de los precios del petróleo.
El acero, que se utiliza para construir puentes, torres de alta tensión o estructuras de viviendas, subió en 2021 un 100%; el aluminio de las ventanas, un 84%; el cobre, utilizado en las instalaciones de agua, electricidad y climatización, un 81%, y el petróleo, del que se saca el betún para asfaltar carreteras, se disparó un 235%. Este proceso ocasionó incrementos de costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación de unos contratos que ahora muestran dificultades en su ejecución y cuyos operadores se ven severamente afectados.
Y todo en un contexto de deriva inflacionista que se agravará en los próximos meses como consecuencia de la guerra de Ucrania, de ahí que Extremadura apele a un acuerdo nacional entre formaciones políticas, comunidades autónomas y agentes sociales. Una “reedición de lo que en su día fueron los Pactos de la Moncloa con la coordinación de la Unión Europea”, ha dicho González.
