Un nuevo intento, esta vez político, para salvar el complejo Marina Isla de Valdecañas de su derribo total, como sentenció definitivamente el Supremo el pasado febrero. La Junta de Extremadura está trabajando con los grupos parlamentarios de la Asamblea extremeña en una iniciativa legislativa para pedir al Congreso una reforma de la Ley de Suelo estatal que permita legalizar el resort cacereño y salvarlo de la piqueta.
Se trata de una propuesta para la que se busca el consenso de los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura) aunque los socialistas tienen mayoría y no necesitarían más apoyos, pero «está enfocada al progreso y bienestar de los extremeños que consideramos que requiere del máximo consenso, diálogo y esfuerzo de todos los grupos de la Cámara autonómica», señalan desde la Consejería de Hacienda.
En concreto, el borrador de la iniciativa legislativa no cita el complejo cacereño, pero plantea que se pueda urbanizar en suelos protegidos incluidos en la Red Natura 2000, así como alterar los límites de estos espacios «por su evolución natural, científicamente demostrada», indica la propuesta de modificación del artículo uno de la ley estatal. Este cambio abriría la puerta al desarrollo de otros proyectos empresariales en suelo protegido, como el complejo budista de Cáceres.
Según se explica en el borrador, «la conclusión tajante de que todos los terrenos Red Natura han de clasificarse como suelo no urbanizable especialmente protegido supone cercenar el crecimiento de municipios cuyo entero término municipal está incluido en esa red». También «supone un enorme condicionante no derivado directamente de la legislación ambiental» y destaca que «no es posible identificar Red Natura con terrenos completamente preservados de la antropización».
Además, en la disposición transitoria única de la Ley de Suelo estatal se plantea otra modificación: «que los usos del suelo y transformaciones urbanísticas que a la entrada en vigor de esta ley se hayan aprobado en espacios naturales protegidos queden legalizados cuando sean compatibles con la protección de los valores que su correspondiente plan o programa de gestión hubiera establecido con carácter previo». Y añade que «en ningún caso se admitirá el restablecimiento de los terrenos a una situación precedente, cuando de esta actuación se deriven perjuicios mayores o más importantes para el medio ambiente». Estos cambios serían claves para permitir la legalización de Isla Valdecañas.
Valoraciones opuestas: Junta vs organizaciones ambientales
Desde la Junta destacan que el objetivo de esta iniciativa legislativa es «reforzar la seguridad jurídica y conciliar la legislación urbanística con la preservación de los espacios protegidos». Añaden que se enmarca en la interpretación que se da a la legislación ambiental y entienden que la Red Natura 2000 «tiene que tener una coherencia en la protección de los valores ambientales, pero también tiene que existir un equilibrio y conciliación de intereses de otra índole, económicos y sociales, por razón de los distintos tipos de suelo y de los distintos grados y niveles de protección». La administración regional recuerda que pese a los distintos grados de intervención según la protección que se establecen en planes de gestión, directivas de conservación de hábitats y la propia ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la sentencia del 2019 del Tribunal Constitucional dice que no se puede hacer ninguna actuación urbanizadora, «lo que es incompatible con la propia realidad de los términos municipales».
Ante los cambios legislativos propuestos, varias organizaciones (Amigos de la Tierra, Adenex, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) denuncian que son «inadmisibles», una «completa aberración desde el punto de vista ambiental» y que se trata de una «huida hacia adelante» de la Junta. Lamentan que las fuerzas políticas extremeñas dediquen sus esfuerzos a debilitar y socavar la red de espacios protegidos y recuerdan que el propio Tribunal Supremo ha desmentido el argumento de la Junta de que los núcleos urbanos dentro de la Red Natura no pueden desarrollarse urbanísticamente: «cuestión distinta es pretender urbanizar suelos de especial protección, como se hizo en Isla de Valdecañas».
Por último, estos colectivos destacan que la Junta está intentando repetir la estrategia que ya puso en práctica en 2011 con la modificación de la Ley de Suelo extremeña para dar cobertura legal al complejo y que fue declarada inconstitucional ocho años después. Confían en que el Gobierno de España y los partidos políticos del Congreso rechacen la iniciativa ahora propuesta "por sus graves consecuencias para la sostebibilidad de nuestro territorio. Nadie entendería un paso atrás de esta magnitud en la normativa de conservación de la naturaleza de nuestro país".
