Extremadura y otras 12 regiones pidieron este martes al Gobierno central modificar la Ley del Suelo para dar mayor seguridad jurídica en planeamientos territoriales, con el fin de flexibilizar y poder compatibilizar, por ejemplo, en las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) con determinados usos en pro del desarrollo económico.
Según explicó el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, tras la reunión del Consejo del Gobierno, así se refleja en un manifiesto firmado por estas comunidades «de diferente signo político» y cuyo objetivo es evitar «las reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial».
Las regiones firmantes son Galicia, País Vasco, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Madrid, Castilla y Léon y Ceuta y Melilla.
El portavoz señaló que aunque este manifiesto «va directamente en el hilo» de lo que la Junta está abordando con los partidos extremeños para revisar las zonas incluidas en la Red Natura, es un problema que afecta a todas las comunidades, que necesitan que haya una modificación que permita esa compatibilidad.
Debate abierto
La firma de este manifiesto llega en un momento en el que en Extremadura hay abierto un debate sobre la necesidad o no de revisar la figuras de protección ambiental, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar en su totalidad el complejo Isla de Valdecañas o el proyecto de mina de litio en la sierra de Cáceres.
En este sentido, la Junta ha encargado una encuesta para conocer la opinión de los extremeños sobre el actual grado de protección ambiental y cómo valorarían que se modificara para darles a algunas zonas un uso compatible que le permita su desarrollo.
La Junta ha encargado una encuesta para saber la opinión de los extremeños sobre el grado de protección
«En Extremadura siempre ha apostado por compatibilizar medio ambiente y desarrollo pero llegados a este punto hay que dar un paso más por la existencia de proyectos en cartera que hace 20 años a lo mejor no teníamos y ahora si los tenemos», dijo González.
No obstante, indicó que «hay cosas que son totalmente incompatibles y además son competencias municipales» y respecto a las posibles objeciones que pueda poner la Unión Europea, consideró que si hay acuerdo mayoritario de los partidos «y está bien justificado» no debe haber problema.
«Es necesario un replanteamiento de los usos en zonas ZEPA, no es ir contra el medio ambiente, sino respetarlo, pero que haya una compatibilidad de esos usos y eso es bastante razonable», remarcó. Y añadió: «No puede ser que una residencia demandada por los ciudadanos no se pueda construir en un pueblo porque está en una zona ZEPA».
