La estabilización de los interinos que llevan varios años ocupando una misma plaza en la administración y están en situación de fraude de ley no va a ser un camino fácil para la Junta de Extremadura. En las últimas dos semanas ha anunciado el número de plazas (más de 6.000 en total) que convertirá en fijas en los tres sectores de la administración regional: sanidad, educación y administración general, para cumplir así con la Ley 20/2021de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Pero lo anunciado hasta el momento en cada uno de los sectores no convence a quienes, en teoría, tendrían que salir beneficiados de este proceso y ya hay interinos que están planteando movilizaciones.
«Con las bases planteadas, el 95% de los interinos en fraude de ley nos vamos a la calle. No están pensando en las personas, solo en las plazas»
La Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) y el sindicato USO han convocado una huelga esta semana en Extremadura para el personal interino de la administración general (el único en el que se ha presentado por ahora el baremo de cómo se va puntuar el concurso y el concurso-oposición), aunque no descarta que puedan sumarse del resto de sectores porque, aunque cada ámbito tendrá su propia oferta y convocatoria, hay situaciones que pueden ser comunes. La convocatoria de huelga será miércoles, jueves y viernes, además de otros tres días de la próxima semana (25, 26 y 27) y, a partir de ahí, huelga indefinida mientras que la Junta no modifique el borrador presentado a los sindicatos la semana pasada. Aseguran que supondrá el cese de muchos interinos que llevan años de trabajo, en situación de abuso, y cuantiosas indemnizaciones a la administración.
«La Junta intenta adaptar la ley a su interés en lugar de cumplirla. Habrá despidos e indemnizaciones, lo de Valdecañas se quedará corto»
«Se está vendiendo un gran oferta de estabilidad que va a ser el exterminio del 95% de las personas que están a día de hoy en fraude de ley, en realidad va a ser como un gran concurso de traslados que no pretende estabilizar a las personas que estamos en esos puestos, solo las plazas, al contrario de lo que están haciendo otras administraciones», explica Marisa González, portavoz de Piltex. ¿Por qué? El problema está en el baremo de los méritos que se contabilizarán para hacer fijos a los interinos de larga duración y en el que la experiencia en el mismo puesto de trabajo solo cuenta un 40% («frente al 90% que están fijando administraciones locales como el Ayuntamiento de Badajoz») y solo se contabilizan un máximo de 10 años trabajados. «¿Por qué se pone ese tope? ¿Qué pasa con los que llevan 17 años en fraude de ley? Si la ley estatal nace con el espíritu de estabilizar a las personas, por qué la Junta no mira por su personal al que ha estado formando durante décadas y al que ni siquiera le valorará esa formación impartida por la propia Junta. No lo entendemos. Con las bases actuales el 95% de los interinos en fraude de ley nos vamos a la calle», señala Marisa.
Despidos e indemnizaciones
Según el borrador, por la vía de concurso además de valorarse la experiencia en el mismo puesto con un máximo de 14 puntos sobre los 28 totales posibles (20 es lo máximo por los méritos profesionales, los 8 restantes son méritos académicos y oposiciones anteriores aprobadas), también se puntúa con 4 puntos la experiencia en otros puestos dentro de la Junta y con 2 puntos los servicios prestados en otras administraciones públicas. «Eso abre la puerta a que puedan venir de otras comunidades, a que sea como un concurso de traslados a nivel nacional», señala Luis Manuel Gil, secretario general de USO Extremadura, quien denuncia también un intento de enfrentar a unos colectivos con otros: «y todos tienen sus derechos, tanto el que lleva mucho tiempo en un mismo puesto, como los fijos que piden la carrera profesional o los opositores que quieren acceder ahora».
En definitiva, «la Junta está intentando adaptar la ley a sus intereses en lugar de cumplirla, lo que dará lugar el despido de muchos trabajadores que llevan años en situación de abuso y eso supondrá indemnizaciones (la ley marca un mínimo de 20 días por año trabajado, pero pueden subir a los 45 en algunos casos) tan costosas que puede ser que lo de Valdecañas se quede corto», señala Luis Manuel.
Además, denuncian también que en las plazas que salen por la vía de concurso-oposición (las cubiertas por personal que lleva entre 3 y 5 años en el mismo puesto ininterrumpidamente) el examen tendrá carácter eliminatorio y critican la« opacidad» de la Junta «para conocer de dónde sacan el número de plazas que se ofertarán, porque los números no nos cuadran».
Por todas estas razones, señalan, se plantea una huelga que les gustaría no llevar a cabo. «Queremos que esto se solucione, nuestro último recurso es la huelga, pero si de aquí al 18 de mayo no hay alternativas, seguiremos adelante».
