"Todo gran tenedor que pudiendo poner una vivienda en el mercado no la ponga, tendrá que tributar por ello". La Junta de Extremadura ha iniciado el trámite para la regulación del impuesto a los grandes propietarios de viviendas, un tributo que se pactó con Podemos en 2017 y que tras cinco años de letargo, se ha incluido en el nuevo Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027 junto a otras medidas normativas como la actualización de los precios de la VPO para compensar el incremento del coste de los materiales de construcción y la deducción de hipoteca a los menores de 35 años.
Según datos del Catastro, en Extremadura hay registrados 4.784 grandes propietarios
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, han confirmado este jueves en la firma del plan con los sindicatos UGT, CCOO y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) que el nuevo impuesto a los grandes tenedores se aplicará solo a las personas jurídicas: entidades bancarias principalmente, aunque "todavía no está definido del todo". "No afectará a la gente normal; quien tenga su vivienda y otra en la playa no es el problema, es gente que tiene muchas viviendas y no las pone al mercado", ha remarcado Fernández Vara.
Con los ayuntamientos
Este impuesto se pactó en el año 2017 con Podemos para que la formación morada dejara pasar la Ley de Emergencia Social de la Vivienda y aunque se mantuvo en la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 2019 incluso con fecha (debía entrar en vigor 18 meses después de la norma, antes de noviembre de 2020), nunca se llegó a aplicar.
No fue hasta el pasado marzo, ya con una ley nacional aprobada, cuando Leire Iglesias ratificó "el compromiso" de la Junta con el tributo. En el pleno de la Asamblea, avanzó que su regulación y desarrollo se abordará "de la mano de los ayuntamientos" y a través de una modificación de esa ley de 2019. El primer paso será elaborar un censo de viviendas vacías, también en colaboración con los municipios.
Las previsiones del Ejecutivo apuntan que aproximadamente el 16% del parque de vivienda privada está actualmente vacía, pero aún no se sabe a qué parte de ese porcentaje afectaría el nuevo impuesto. La intención es centrarse en las propiedades de entidades financieras y fondos de inversión, para obligarles a incorporar esa cartera al mercado en condiciones favorables para las familias más necesitadas.
Según la ley estatal, los «grandes tenedores de vivienda» son aquellos sujetos, personas jurídicas o físicas, que acumulan más de 10 inmuebles en propiedad o una superficie superior a los 1.500 metros cuadrados. Serán los más afectados por la ley nacional y previsiblemente, la reforma de la autonómica.
Los datos del Catastro apuntan que en Extremadura hay registrados 4.784 grandes propietarios. La mayor parte de ellos (4.109) aparecen con entre 11 y 25 bienes, mientras que los que poseen entre 26 y 50 son 415 y el número de los que pasan del medio centenar de propiedades se sitúa en 260.
