«Con las olas de calor de este año han tenido que regular los aires acondicionados más de lo habitual ya que, como en cualquier otro espacio laboral, a la situación climatológica habría que sumarle el calor que pueden desprender los ordenadores y el movimiento en sí de estar trabajando», expresan unos. «La medida afectará más o menos en función del lugar donde estén posicionadas las oficinas, si están más o menos expuestas al sol, si son interiores o exteriores. Los 27 grados puede ser una temperatura aceptable para algunos despachos con tamaños pequeños, pero a otros más amplios les afectará más el calor», apuntan otros. Son algunas de las opiniones de los primeros que vivirán en Extremadura la estrategia de ahorro energético que ha puesto en marcha el Gobierno, esto es, los trabajadores de la Administración regional.
Desde hoy, 9 de agosto, la Junta aplica su propio plan en sus dependencias en base a un decreto hecho público la semana pasada por parte de la Consejería de Hacienda.
De este modo, desde hoy, los edificios públicos de la Administración regional, que incluyen todos los que están bajo su titularidad (también teatros, cines, museos, salas de exposiciones...) tendrán que regular el termostato: el aire acondicionado como máximo a 27 grados y la calefacción, cunado llegue el invierno, como mínimo a 19 grados.
Esas normas habrá que cumplirlas, de momento, hasta el 1 de noviembre de 2023.
Las excepciones
Eso sí, hay excepciones: «Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la presente instrucción los edificios y dependencias en los que se presten servicios educativos y sanitarios», recoge el citado decreto.
De este modo, aunque la opinión en la calle es diversa, Extremadura ha aceptado la iniciativa del Gobierno y no se ha rebelado contra las nuevas medidas como sí han hecho otras comunidades.
De hecho, desde el Ejecutivo extremeño consideraron «ineludible» la adopción de estas normas en «el actual contexto marcado por la guerra de Ucrania y los cortes de suministro a países de la Unión Europea».
Afirmaron igualmente que además se pretende «concienciar a toda la ciudadanía» ante una «economía de guerra» que podría alterar en los próximos meses el «sistema de vida a nivel europeo».
