Una apuesta por el regadío que genera dudas

En Tierra de Barros empieza a oler a mosto. Los agricultores más madrugadores ya llenan sus remolques de uva en una campaña de la vendimia que vuelve a adelantarse. Una circunstancia forzada, sobre todo, por el calor. Las altas temperaturas y la consecuente sequía es una realidad que en este momento sufre toda la región. En esta comarca de vid y olivos cultivados en su mayor parte al modo tradicional en secano la gran apuesta de las administraciones y de una parte de los agricultores es un nuevo modelo de regadío. Un proyecto que abarca más de 15.000 hectáreas en doce pueblos y que tiene una inversión prevista de 250 millones de euros. Pero lo que se presenta como una solución ante la sequía es, precisamente por esta misma, uno de los mayores problemas para otras voces. El Periódico Extremadura las escucha.  

 «Va a ser una forma de asegurar la cosecha y no estar mirando siempre al cielo». Es el resumen que hace Isidro Hurtado para defender el Regadío en Tierra de Barros. Él es el presidente de la Comunidad de Regantes creada a partir del proyecto. La misma engloba a 1.230 agricultores que apuestan por él. Según sus datos, además, hay una «lista de espera» de otras 3.000 hectáreas que aspiran a ser también regables… «Y 37.000 hectáreas que se van a ver afectadas en total y a cuyos agricultores no se les está informando y se les pretende pagar una miseria», afirma por su parte Antonio Martínez. Él era también parte de la Comunidad de Regantes, pero hace más de seis meses que la dejó porque asegura que el proyecto «como está planteado» no es viable. Y como él, «muchos agricultores más». 

Vidas paralelas

Hurtado y Martínez son dos labradores almendralejenses que tienen vidas casi paralelas en el campo: han trabajado en él desde que apenas tenían 14 años y hoy superan los 60. Ambos comparten la ilusión y la lucha porque la agricultura salga adelante. Pero sus perspectivas de qué es lo que hay que hacer son diametralmente opuestas.  

«Sin riego vienen diez días de calor y todo el trabajo del año se nos va al garete»

Isidro Hurtado

— Comunidad de Regantes

Hurtado recibe a este periódico en una parcela con viñas en espalderas, con un sistema de riego gracias a un pozo que muestra con orgullo: «Sin riego vienen diez días de calor y todo el trabajo del año se nos va al garete», dice. 

Martínez lo rebate: «Los agricultores ya nos enfrentamos a precios irrisorios. ¿Queremos inundar el mercado y bajarlos más aún? No tiene sentido lo mires por donde lo mires», afirma. «Además, no te va a compensar la ganancia con la inversión que hay que hacer y con todos los gastos que tengas. Porque el riego hay que mantenerlo», añade.

«Nos enfrentamos a precios irrisorios. ¿Queremos inundar el mercado y bajarlos aún más?»

Antonio Martínez

— Agricultor

Precisamente el saber cuándo los agricultores van a recuperar lo invertido es uno de los puntos más polémicos. La mayor parte del dinero lo ponen las administraciones, pero los regantes deberán aportar el 25%, unos 65 millones de euros: «Hay un estudio económico que establece cuándo recuperarían la inversión», asegura Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Junta. No es fácil que dé una fecha concreta porque «depende de la inversión» y de cómo lo financien –Abanca es la entidad implicada en el proyecto--, pero estima que podrían recuperarla en un plazo de alrededor de 15 años. «Estamos hablando de un proyecto de 50 años que va a permitir incrementar la productividad, amortiguar los costes y diversificar en otros cultivos», asegura. Sin embargo, un informe independiente elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) en 2021 asegura que el proyecto no garantiza una «viabilidad económica» y alerta de que el mismo supone «un grave riesgo económico y social para la zona». Este análisis cree que en el proyecto hay fallos que implican una «falta de previsión». Por ejemplo, calcula que una disminución del 10% en el precio de los productos anularía la rentabilidad para los agricultores y afirma que los costes de la energía están «erróneamente evaluados».

Hurtado reconoce que es difícil estimar el tiempo de retorno de la inversión pero afirma: «Lo que los agricultores queremos es por lo menos asegurar nuestra casa. Y eso es lo que va a hacer el riego». Discrepa Martínez: «¿Cómo vas a poner un dinero sin saber cuándo lo vas a recuperar?». Junto a él está su hijo, Juan Antonio, quien ha seguido los pasos de su padre en el campo, a pesar de que, dice, «es una lucha continua».

Si Hurtado y Mejías argumentan que el proyecto de regadío creará «riqueza y empleo», para los Martínez será justamente lo contrario: «Sí habrá mucho trabajo durante la construcción, pero es un modelo de agricultura mecanizada, con lo cual dejas de necesitar mano de obra», subraya el hijo.

Ambos acompañan a este periódico al embalse de Alange, una de las fuentes previstas para el riego junto a la presa de Villalba de los Barros.

La sequía

Caminan en una zona que debería estar inundada por el agua pero se divisa hasta una barca encallada en mitad de la tierra seca. El embalse está en este momento al 16% de su capacidad.

«Si tenemos ya pueblos con restricciones, si necesitamos el agua para beber. ¿Cómo van a dejar que el agua se vaya al riego? Cada vez hay más sequías. Pretenden sacar agua del desierto», expone Martínez.

Coinciden con él desde Ecologistas en Acción de Extremadura: «No se podrá regar, no se puede amortizar y esa agua es necesaria para garantizar el abastecimiento para el consumo humano del centro y el sur de Badajoz, que como vemos está en una situación crítica porque cada vez llueve menos», argumenta Carlos Garrón, miembro de la organización. «¿Queremos beber agua o regar?», interpela. «Lo estamos viendo este año, ahora en verano habría que haber regado la aceituna y no se podría haber hecho por la sequía. No tiene sentido que digan que no es intensivo sino de apoyo, porque en cualquier lado se riegan los cultivos cuando lo necesitan y vemos que hace falta el agua para beber», expone, a la vez que defiende que Alange y Villalba se conecten con los pantanos de Los Molinos y Tentudía para garantizar el suministro. 

Discrepa Hurtado, quien pone los siguientes datos sobre la mesa: «El regadío usaría 36 hectómetros cúbicos de los 870 que tiene el pantano de Alange, es decir, apenas el 4% de su capacidad, mientras que de los 97 que tiene la presa de Villalba usaríamos siete, lo que es un 1,5%. Estamos hablando además de un riego moderno, tecnológico y localizado. Los agricultores somos los primeros que sabemos que hay que regar con mucha coherencia y mucha cabeza», señala. 

El mismo argumento utiliza Mejías: «La sequía de este año es una situación coyuntural que no puede marcar este proyecto. Eso sería pensar en el corto plazo. El agua va a estar garantizada siempre que haya disponibilidad, por eso hay una concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana», asegura el representante de la Junta.

Para hacerse una idea concreta de la cantidad de agua que requiere el proyecto, vuelve a ser recurrente el informe de la FNCA: «(El regadío) extraerá cada año casi 43 hm³ de agua, cantidad suficiente para abastecer a una ciudad de 800.000 habitantes», afirma, «sin haber evaluado sus consecuencias», insisten.

«No tiene sentido producir un poco más con este riesgo y con el coste que conlleva. ¿Quién te va a pagar el año que no haya agua? Porque tú vas a tener que seguir abonando la inversión», añade Martínez hijo.

El modelo

Pero además, más allá de las cifras, en este debate subyace una disputa en el modelo de agricultura que se quiere impulsar. Para los partidarios del mismo, el riego es un modo de asegurar las cosechas e incrementar la producción. Los detractores insisten sin embargo en que ese aumento hará que caigan aún más los precios: «No va a aumentar las cosechas en un número con el que pudiéramos competir realmente con las grandes producciones en masa y lo que sí va a hacer es devaluar la calidad de nuestros productos», asegura Martínez hijo.

Él se ha formado en agricultura ecológica y cree que esa podría ser una alternativa de futuro para la comarca: «¿Para qué tenemos una Denominación de Origen si ya no se va a mirar la calidad? ¿Por qué no se invierte ese dinero en dar un valor diferencial y visibilidad a nuestros productos? Si no somos capaces de vender lo que tenemos vamos a vender más…», dice irónico.

Los ecologistas apuntan por su parte a que el regadío está destinados a la vid y el olivo, cultivos que califican como «excedentarios y problemáticos». Por ello, Garrón cree que ese dinero debería promover una agricultura sostenible en lugar de «producir intensivamente». «Creemos que es más rentable invertir en una producción agroecológica y en una agricultura regenerativa, que hace retener la humedad en los suelos. También mirar a aquellos cultivos de secano que sean rentables o aquellos que se han perdido en la zona, como la sandía, el melón o los cereales», subraya. Asegura además que el regadío va a promover el monocultivo, el cual tiene «muchos riesgos: ya sea por el clima como por la coyuntura internacional».

No está de acuerdo Hurtado, quien argumenta que el proyecto ampliaría el abanico a la producción de pistachos, almendros y otros cultivos agrofrutales.

Lo que para él y los regantes es una inversión de futuro y un apoyo para los agricultores de la comarca, para los críticos supondría un nuevo sistema cuyos costes harían que los pequeños productores no pudieran asumirlos y se vieran forzados a vender sus parcelas. «Todo tiene un coste: los insumos, las bombas, los fitosanitarios. Esto hará que, al final, queden cuatro o cinco terratenientes», predice Garrón.

Unos y otros hablan del riego en las Vegas Altas: Hurtado y Mejías afirman que es un «modelo de éxito» y que ha generado «riqueza» mientras que los Martínez y Garrón señalan que las cosechas están «dominadas» por las «grandes empresas hortofrutícolas».

Concentración parcelaria

«Por muy mecanizado que esté, tú tienes que ir a tu parcela a ver cómo va y aquí la mayoría somos pequeños agricultores que tenemos nuestras propiedades dispersas. El moverte de una a otra tiene un coste», apunta Martínez hijo, quien abre una conversación que ya se ha dado en la zona pero que nunca se resolvió: la concentración parcelaria. «Yo estaba en los Jóvenes Agricultores. Hace muchos años fuimos al ayuntamiento, a ver a los técnicos de la Junta, a ver si se podría promover una concentración parcelaria. Siempre nos dijeron que no y que no», rememora su padre, quien asegura que la misma hubiera rentabilizado las producciones, al disminuir los costes para los labradores. «Mira por ejemplo el precio del gasoil. Si en otras zonas de España se ha hecho, ¿por qué aquí no?», demanda. 

Hurtado y Mejías aseguran por su parte que «el sentir» de los agricultores de la comarca «no» es partidario de hacerlo.

En este sentido hay otra voz que da una tercera vía: «Más que una concentración parcelaria impuesta nosotros creemos que los propios agricultores la van haciendo de manera privada al comprar y vender sus tierras», dice Juan Jesús Rama, presidente de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo. Esta organización también podría ser la ‘tercera vía’ en este debate: ven el riego como «positivo» pero afirman que «como todo proyecto, es mejorable». Rama subraya la necesidad de un «cuadro financiero» donde se vea «claramente» cuánto se aporta y un «calendario real y no electoral» sobre los plazos de ejecución y cuándo se recuperaría lo invertido: «Tenemos muchas dudas. A día de hoy no hay nada en obras y estaba previsto que arrancaran en el primer cuatrimestre de este año. Bajo nuestra visión el tema se está usando de manera electoralista y es entonces cuando lo mueven un poco», asegura.

La organización declaró el pasado mes de diciembre no apto a Mejías como interlocutor de la Junta por su «incapacidad» para negociar las expropiaciones, que comenzaron en abril. «Habían prometido unas cantidades y no se están reflejando», asegura Rama. Mejías por su parte argumenta que la Junta está haciendo «todos los esfuerzos» para atender «las demandas» y que se están llevando a cabo «con absoluta normalidad y con la máxima información». Lo rebate Martínez, cuyas cinco hectáreas en propiedad se ven afectadas, ya sea por expropiación total o por encontrarse en zonas en las que se deben hacer obras: «No solo nos quieren dar una miseria sino que si yo les pregunto que qué dinero me van a dar si en la obra me dañan una vid, un olivo, no me saben contestar», asegura.  

Por este motivo ha dejado el asunto en manos de un abogado y asegura que al menos otro centenar de agricultores han hecho lo propio. «Ellos solo hablan de las 15.000 hectáreas y de los regantes. ¿Qué pasa con las 37.000 hectáreas afectadas y el resto de los agricultores? ¿Nosotros no contamos?», expone mientras asegura que va a pelear «hasta el final» por recibir una compensación que considere justa.

Alza de costes

El desacuerdo en las expropiaciones es una de las trabas del proyecto pero sobre todo --y aquí todas las voces coinciden-- lo puede llegar a ser el alza de los costes en todo tipo de materiales. Mientras que Mejías asegura que los precios se podrían incrementar «un 5 o 10% a lo sumo», Hurtado no se atreve a dar una cifra y espera que no lo frene: «Los papeles ya están. En septiembre los regantes vamos a celebrar una junta general y vamos a ir dando los pasos muy bien, para que salga adelante», asegura. Los Martínez y Garrón argumentan por su lado que el incremento de precios va a disparar el coste de las obras, lo que podría suponer, esperan, la sentencia de muerte del proyecto.

Lo cierto es que solo el tiempo dirá si sale o no adelante y si es un acierto o un error. Aunque, para esto también, puede ser que tampoco llueva a gusto de todos.

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