El Tribunal Supremo ha recibido ya el suplicatorio aprobado por el Congreso el pasado 6 de octubre en el que se da el visto bueno a que se proceda penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación a raíz de determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo en 2017 y 2018.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que el Alto Tribunal ha emitido una diligencia de ordenación en la que avisa de que ha recibido el escrito en el que se recoge la decisión de la Cámara Baja.
El movimiento del Congreso tiene lugar después de que el pasado 12 de septiembre el juez a cargo de investigar a Casero, el instructor Andrés Palomo, propusiera dirigir un suplicatorio al Hemiciclo. En aquella ocasión, el magistrado elevó una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Supremo en la que detallaba indicios de que Casero, en su condición de alcalde, concertó con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, "incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso".
El suplicatorio es un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero.
El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.
