Unidas Podemos sobre las protestas agrarias: “El agronegocio y los fondos de inversión expulsan a los agricultores y ganaderos del campo”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este martes en rueda de prensa posterior a Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura para adelantar qué llevarán al próximo pleno de este jueves.

De Miguel ha afirmado que preguntarán “al Consejo de Gobierno que piensan poner en marcha para aliviar la situación de los agricultores y ganaderos y para apoyar a la agricultura social y familiar”. La portavoz ha argumentado que “estamos ahora mismo inmersos en unas movilizaciones del campo que desde Unidas por Extremadura apoyamos”, haciendo hincapié en que “apoyamos siempre al modelo social y familiar, no al modelo de los fondos de inversión, del agro-negocio y los fondos de inversión que expulsa a nuestros agricultores y ganaderos del campo”.

Por ello, la portavoz ha pedido a la Junta de Extremadura que “garantice el relevo generacional, la incorporación de jóvenes; garantizar una Ley de Cadena Alimentaria útil, y para eso hay que aumentar las inspecciones de aquellos intermediarios e industrias que están planteando precios por debajo del coste de producción; poner en marcha un fondo de crisis climática para afrontar todos los estragos que tanto la sequía, como las lluvias torrenciales están produciendo en el campo; reducir la burocracia; y priorizar en todas las políticas a la agricultura social y familiar, entre otras muchas cuestiones”.

De Miguel ha defendido que “hay competencias que son de la Comunidad Autónoma. Estamos de acuerdo en que a Europa hay que exigirle cambios en la PAC, en la Ley de Competencia, y en los tratados de libre comercio que asfixian al sector primario, pero creemos que la Junta de Extremadura tiene competencias en Agricultura y Ganadería que deben poner en marcha ya”, acusando al Gobierno de María Guardiola de “echar balones fuera”, e instándole a “poner en marcha medidas que alivien la situación del sector”.

La portavoz también ha reseñado que “estamos viendo como algunas organizaciones agrarias están haciéndole el juego a la extrema derecha, planteando reivindicaciones que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades del campo: hablar de eliminar todas las normativas ambientales supone cargarnos de un plumazo la trazabilidad y la producción de alimentos sanos y seguros”. Por el contrario, ha apostado por “conjugar la producción de alimentos sanos y seguros con la conservación del medio ambiente, porque a quien más afecta ahora la crisis climática es a nuestro sector primario”.

En esta línea De Miguel ha alertado de que “seguir avanzando en recetas de hace una década va a poner más en riesgo al sector. A quien más beneficia la eliminación de las trabas ambientales es a los fondos de inversión y al agro-negocio, que van a poder adquirir pesticidas, plaguicidas, fitosanitarios, productos que van aumentando su precio, y no toda la agricultura va a poder soportar los costes de producción que va a suponer el aumento de los precios de plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, etc., porque vamos también a una crisis de combustibles y ese modelo es un modelo petrodependiente y de escasez, y cuando el petróleo se va encareciendo los productos derivados de él van siendo más caros”.

La portavoz ha afirmado que “plantear lo que se está planteando desde la derecha agraria lo único que va a beneficiar es a una agricultura sin agricultores, a un campo sin profesionales del campo en manos de fondos de inversión y el agro-negocio”. De Miguel ha continuado aseverando que “estamos de acuerdo en exigir para que nuestros productos que entren de terceros países lo hagan en las mismas condiciones de producción y en los mismos términos de seguridad y salud que lo está haciendo nuestra agricultura y ganadería europea, pero no hay que ir hacia un menor desarrollo ambiental o en cuestiones de salud, porque va en ello la salud de la sociedad: no podemos consumir productos que no cumplan los mínimos estándares”.