El VAR de la política francesa habló y dio la razón al Gobierno de Emmanuel Macron. El Consejo Constitucional ha validado este viernes por la tarde la mayor parte de la reforma de las pensiones, incluida la impopular subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa). El equivalente galo del Tribunal Constitucional censuró algunos artículos de la medida, de carácter más social, pero no la retoca en lo esencial. Esta decisión terminó con la incertidumbre que había planeado en las últimas semanas sobre la sentencia de una medida contestada por multitudinarias manifestaciones sindicales en los últimos tres meses.

El suspense sobre el veredicto del Constitucional no se debía a la impopularidad de la medida ni su contenido, sino en la manera en que había sido elaborada y aprobada. El Ejecutivo macronista recurrió a múltiples mecanismos legales para reducir el tiempo de los debates parlamentarios y coger con el pie cambiado a los sindicatos. En lugar de una ley tradicional, la formuló como un presupuesto rectificativo de la Seguridad Social, lo que limitó a un máximo de 50 días los debates en la Asamblea Nacional y el Senado. El Gobierno también utilizó un artículo constitucional para limitar la capacidad de los senadores para presentar enmiendas. Y al final la aprobó a través de un polémico decreto, sin votación parlamentaria a posteriori.

La acumulación de estas decisiones alimentó las esperanzas de los detractores al texto de que los sages (sabios) censuraran la reforma, al considerar que no se había respetado la “sinceridad de los debates”. Fuentes del Constitucional explicaron a los medios, entre ellos este diario, que la “combinación de estos mecanismos resulta inhabitual”, pero esto no conllevó que las condiciones de las discusiones parlamentarias “no se celebraran de acuerdo con el marco constitucional”.

Pocos retoques y en aspectos sociales

En cambio, el Constitucional sí que censuró seis artículos de la reforma, tachados de “infiltrados sociales”. Los retiró al entender que no podían aprobarse en el marco de un presupuesto rectificativo de la Seguridad Social, con vocación de incluir solo medidas presupuestarias. Entre las partes censuradas, se encuentra un mecanismo que debía obligar a las empresas grandes y medianas a una mayor transparencia sobre sus empleados mayores de 55 años —una medida destinada a combatir el elevado desempleo en este sector de la población—, un contrato laboral especial para estas mismas categorías o una mejora de las condiciones de los policías para prejubiliarse.

Pocas decisiones del Constitucional habían generado tanta expectación mediática en la historia de la Quinta República. La fumata blanca resultó, sin duda, un jarro de agua fría para los sindicatos, así como el casi 70% de los franceses opuestos a la subida de la edad legal de jubilación, según los últimos sondeos. Además, este organismo, compuesto por una mezcla de magistrados y políticos veteranos, invalidó la petición de organizar un referéndum sobre el texto. Tomó esta decisión al entender que no supone un cambio legislativo significativo el hecho de votar una ley que mantenga la edad de jubilación en 62 años. Anticipándose a esta posible decisión, partidos de izquierdas presentaron una segunda propuesta de referéndum, que el Consejo deberá examinar en las próximas semanas.

La reforma de las pensiones “sale aún más violenta y brutal” tras la decisión del Consejo Constitucional, lamentó Sophie Binet, la nueva secretaria general de la CGT, que sustituyó a finales de marzo a Philippe Martinez al frente de uno de los principales sindicatos de Francia. “Pedimos al presidente que recupere la sagacidad. (…) Si no retira el texto, no podrá reformar el país”, advirtió. Tras la sentencia, la coalición unitaria sindical aconsejó a Macron que no convalide la medida. Una hipótesis muy improbable. Su decreto de aplicación podría ser firmado la semana que viene o incluso este fin de semana. La entrada en vigor, progresiva, está prevista para el 1 de septiembre

¿Una victoria pírrica para Macron?

“Con el Constitucional o sin él, ¡tu ley no la queremos!”, coreaban centenares de manifestantes concentrados delante del Ayuntamiento de París. Una hora y media después del anuncio de la decisión, iniciaron una protesta espontánea por esa zona, no muy lejana de la sede del Consejo, situada enfrente del Museo del Louvre. Agentes antidisturbios cargaron rápidamente contra los manifestantes, que incendiaron contenedores de basura en medio de la calle. Manifestaciones de este estilo se reprodujeron en otras localidades, como Lyon, Estrasburgo o Lille. Una reacción parecida ya se había producido tras la aprobación de la reforma con el 'decretazo', desembocando en una noche de disturbios.

“Mantener mi objetivo, este es mi lema”, afirmó este viernes por la mañana Macron. Unas declaraciones hechas durante una visita a las obras de Notre Dame, coincidiendo con el cuarto aniversario del incendio, pero con un significado implícito evidente. Tras haberse negado a reunirse con los dirigentes sindicales durante el pulso por las pensiones, el presidente los invitó al Elíseo la semana que viene. Pero estos le respondieron que no desean un encuentro hasta pasado el 1 de mayo. Después de unas últimas manifestaciones menos multitudinarias, confían en sacar de nuevo músculo en el Día del Trabajador. Y así mostrar que no decayó la indignación que les permitió encabezar la oleada de protestas más multitudinarias en el siglo XXI en el bullicioso país vecino.

La sentencia de este viernes confirma el escenario que se prefiguraba en las últimas semanas. El pulso por las pensiones termina con una victoria política para Macron, pero más bien pírrica y que hundió su popularidad a los niveles más bajos desde la revuelta de los chalecos amarillos. En cambio, los sindicatos deben consolarse con haber ganado la batalla ideológica y de la opinión. El futuro dirimirá cuál de estos dos triunfos resulta más relevante.