La justicia británica aplaza la extradición de Assange y pide nuevas garantías a EEUU

Los jueces del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales han dado una victoria parcial al cofundador de Wikileaks Julian Assange en su batalla para evitar la extradición a Estados Unidos. En la decisión, publicada este martes, los magistrados consideran que Assange tiene derecho a presentar recurso en el Reino Unido por tres de los nueve argumentos expuestos por su defensa en una vista realizada el pasado febrero, entre ellos el riesgo de que se vulnere su derecho a la libertad de expresión y la posibilidad de que el activista sea condenado a la pena de muerte en caso de ser extraditado. El Gobierno de Estados Unidos tiene ahora tres semanas para demostrar que estos supuestos no se producirán. 

El tribunal sostiene que, en este momento, el derecho a la libertad de expresión –contemplado en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y en el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos– no está garantizado en caso de que Assange sea extraditado. "Hay razones de peso para concluir que las actividades del señor Assange no se ajustan a los 'principios del periodismo responsable'. Sin embargo, si (como podría ser el caso) al señor Assange no se le permite basarse en la Primera Enmienda, se puede argumentar que su extradición es incompatible con el artículo 10 de la Convención", han señalado los jueces, quienes han mostrado además su preocupación por el hecho de que el activista no pueda acogerse a la Primera Enmienda por ser un ciudadano extranjero, con nacionalidad australiana.

Pena de muerte

Los magistrados también han alertado del riesgo de que Assange sea condenado a la pena de muerte, una posibilidad que no descartaron los abogados del Gobierno estadounidense y que pasó por alto la exministra del Interior, Priti Patel, cuando autorizó la extradición del periodista en 2022. "La ministra del Interior está de acuerdo en que, si es extraditado, el señor Assange podría ser acusado de delitos castigados con la pena de muerte y que no hay nada que impida que se le imponga dicha pena. Sobre esta base, el tribunal considera que es argumentable que la ministra del Interior se equivocó al ordenar la extradición y que debería haber concluido que está prohibida por la inadecuada protección contra la pena de muerte", ha destacado el tribunal, que exige ahora garantías de que este supuesto no se producirá en caso de extradición.

La decisión de los jueces ha aplazado la posible entrega de Assange a las autoridades estadounidenses, pero los defensores del activista consideran que no han ido lo suficientemente lejos. "Lo que el tribunal ha hecho ha sido promover la intervención política de Estados Unidos, que podrá enviar una carta diciendo que está todo bien. Es algo sorprendente", ha dicho la esposa del activista, Stella Assange, a la salida del tribunal, rodeada de una gran expectación mediática y de decenas de simpatizantes. "Julian es un preso político y está siendo perseguido por exponer el coste real de la guerra sobre las vidas humanas", ha añadido. La defensa de Assange también alertó, el pasado febrero, del riesgo de suicidio del activista en caso de ser extraditado.

Orden de extradición

El Gobierno estadounidense activó en 2019 la orden de extradición de Assange, al que acusa de 17 delitos de espionaje y de un delito de acceso ilegal a un ordenador con información clasificada. Unos delitos que podrían suponer una condena de hasta 175 años de cárcel en caso de que finalmente sea entregado a la justicia estadounidense. Los abogados del Gobierno de Washington consideran que el periodista "conspiró" para obtener esa información y puso en riesgo la vida de los informantes del Pentágono al revelar sus nombres en los miles de documentos filtrados por Wikileaks, relacionados con los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en las guerras de Irak y de Afganistán.  

En caso de que el Gobierno estadounidense dé respuesta a los argumentos aceptados por los jueces, la defensa del activista tendrá derecho a presentar de nuevo alegaciones en una vista que tendría lugar el próximo 20 de mayo. Los jueces han descartado otros seis argumentos presentados por los abogados de Assange para evitar la extradición, entre ellos la alegación de que el activista está siendo perseguido por sus opiniones políticas, así como el supuesto riesgo de que no sea sometido a un juicio justo en Estados Unidos y las presuntas amenazas contra su integridad física, incluido un intento de secuestro por parte de la CIA durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.

La decisión de los jueces ha dado algo más de tiempo a Assange, pero está lejos de acabar con su periplo judicial. El cofundador de Wikileaks permanecerá en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el este de Londres –donde ingresó de forma provisional en 2019 tras pasar siete años en la embajada de Ecuador en la capital británica– hasta que la justicia decida de forma definitiva si tiene derecho a presentar recurso a su caso en el Reino Unido o si autoriza su extradición inmediata a Estados Unidos.