Las FARC Un año de difícil descompresión

Patricia Restrepo llegó a la aldea de Santa Lucía el 31 de enero del pasado año. Lo hizo con los 250 integrantes del Frente 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al que pertenecía. Atrás quedaban tres lustros de vida guerrillera. Por delante una paz tan ilusionante como incierta. Desde aquel día vive en el llamado Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), una ciudadela de casas prefabricadas construida en plena cordillera occidental de los Andes colombianos, a dos horas del municipio de Ituango, en la región de Antioquia. El de Santa Lucía es uno de los 26 campamentos esparcidos por todo el país donde se reagruparon los 8.000 hombres y mujeres de la guerrilla para iniciar su tránsito a la vida civil después de firmar la paz y poner fin a una guerra de 52 años.

Un año después, sigue sin ser fácil coger la señal de internet entre las abruptas montañas de esta región, pero Patricia Restrepo lo sigue intentando todas las noches, acurrucada en el mismo árbol. Trata ahora de comunicarse con su hermana, exguerrillera como ella, que hace unas semanas dejó el campamento y se fue para la ciudad de Medellín. La joven excombatiente quiere seguir sus pasos. Ha pasado un año y dice estar ya aburrida y muy desorientada por no saber qué será de su futuro.

Y es que todo empezó torcido. La mayoría de los 26 acantonamientos que acogieron a los guerrilleros no tenían las más mínimas condiciones para vivir. «El Gobierno prometió tenerlos acabados y no cumplió. Creyeron que porque habíamos pasado toda nuestra vida en la selva, debíamos vivir como animales. Cuando llegamos no había sanitarios, ni agua potable ni energía. La alimentación llegaba escasa y a veces en mal estado. Las casas no estaban ni empezadas y tuvimos que dormir bajo plásticos durante meses», lamenta Patricia Restrepo.

Todavía hoy, según Naciones Unidas, solo seis del total de 26 campamentos están acabados. El de Santa Lucía es de los que sí está casi terminado, gracias en parte a los propios guerrilleros que se pusieron en esa tarea. Los retrasos en la construcción de esos espacios y otros incumplimientos del Gobierno colombiano afectaron negativamente el proceso de reincorporación y el ánimo de los exguerrilleros. La gente se está yendo. En Santa Lucía, un centenar de exguerrilleros ya no están. Quedan como 150.

Vanesa Rodríguez no tiene la menor intención de irse de Santa Lucía y menos ahora que está embarazada. Lleva 17 años en las FARC donde ingresó con 15 después de que los paramilitares mataran a su padre. «No estoy desmotivada pero sí muy preocupada. Me da miedo que colectivamente no fructifiquen tantas cosas que habíamos pensado en la paz. Todo avanza muy lento y hace que la gente se desanime y se vaya. Pero yo no veo la razón porque si uno estuvo tanto tiempo en la guerrilla y ahora se va, entonces perdió el tiempo. Desunidos no conseguiremos nada», señala. Su compañera Adriana Rosales reconoce haber estado muy confundida, pero asegura que tampoco se irá. «Aquí nos vamos a quedar hasta que el gobierno cumpla la última letra y la última coma que está en los acuerdos de paz porque nosotros sí cumplimos», dice enfática.

Desde su casa de madera conglomerada, en lo alto de una pequeña colina, Gustavo López divisa toda la ciudadela. Todavía le cuesta girarse cuando le llaman por este nombre. Durante sus 35 años de guerrillero, los dos últimos como comandante del Frente 18, respondió solo al nombre de combatiente Agustín Ribera. Ya no es una autoridad militar pero sí el presidente de la junta administrativa del Espacio Territorial de Santa Lucía, responsable de realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de sus excombatientes. «Las personas que se van porque quieren hacer su vida o estar con su familia lo pueden hacer libremente. No hay ningún problema», dice Gustavo López.

Cada espacio territorial es un mundo. En unos las cosas funcionan mejor que en otros, pero la incertidumbre del ETCR de Santa Lucía no es un caso aislado. El desánimo impera en el resto de lugares que acogieron a los 8.000 guerrilleros de las FARC. Todos cumplieron con su compromiso de dejar las armas, pero hoy muchos se sienten profundamente frustrados frente a lo que esperaban, frente a su futuro socioeconómico y frente a su seguridad. Lo alertó recientemente el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia Jean Arnoult afirmando que unos 3.600 excombatientes habían abandonado los ETCR por la pérdida de confianza y los incumplimientos del Gobierno.

En la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el ente gubernamental encargado de la reinserción, creen que la situación ha mejorado desde que los exguerrilleros empezaron a recibir los subsidios económicos estipulados y recuerdan que todos gozan ya de libertad de movimientos como cualquier ciudadano. «Unos permanecen en los ETCR y otros han salido a las ciudades o a sus lugares de origen, donde están sus familias. Las entradas y salidas de los ETCR son fluctuantes, pero en cualquier caso la ARN tiene la capacidad de atenderlos así estén fuera», declaran fuentes de este organismo a este diario.

La reincorporación de las FARC a la vida civil, tanto en lo económico como en lo social y político, se considera crucial para conseguir una paz estable y duradera, pero el camino emprendido por los exguerrilleros no está siendo fácil. Es una nueva vida con nuevos hábitos y nuevas realidades. Ahora ya no tienen armas ni uniforme, no obedecen órdenes y no han de formar ni marchar. Tampoco pensar si va caer un bombardeo o les van a atacar por sorpresa. Sus preocupaciones son otras y tienen que ver con la incertidumbre del futuro. La vida pasó a ser mucho más tranquila, pero el cambio ha sido muy repentino. Casi todos tienen ya documento nacional de identidad, están afiliados a la seguridad social, manejan dinero y abrieron cuentas bancarias.

Aparecieron los tatuajes y los teléfonos móviles en sus vidas, compran perfumes para la novia y pasan mucho tiempo viendo telenovelas. Muchos estudian todas las mañanas la primaria o el bachillerato, pero apenas realizan ya ejercicio físico más allá de jugar algún partido de fútbol. También van al bar de la aldea a tomar cerveza y jugar a billar. Los fines de semana puede haber algún exceso. No hay muchas más distracciones que no sea ir a algún taller puntual de capacitación ofrecido por personas voluntarias que llegan al espacio.

En Santa Lucía se han formado algunas familias y se han reagrupado a algunos hijos. Hay diez niños y cuatro bebes. El rol de madre es nuevo para ellas. También lo son las tareas del hogar y el papel de ama de casa. En la guerrilla se solía presumir de que hombres y mujeres lo hacían todo conjuntamente y sin distinción. Ahora, nadie sabe muy bien por qué, todo aquello cambió, al menos en Santa Lucía. Antes cada uno lavaba su ropa y ahora el compañero le tira la suya a la mujer para que la lave. «Mi pareja sí me ayuda en la casa, pero son pocos los hombres que lo hacen. Nos dejamos ganar el terreno y parece que se adaptaron rápido a la sociedad colombiana. Hemos creado un grupo de género para trabajar la problemática e hicimos un diplomado que hablaba de las nuevas masculinidades», dice Vanesa Rodríguez.

Los reencuentros familiares de los últimos meses han sido felices pero también dolorosos para los integrantes de las FARC y sus familias. Los guerrilleros se mantuvieron ausentes para proteger a sus seres queridos, pero el vacío que les dejaron será difícilmente superable en muchos casos. Adriana Rosales volvió a ver a sus hijos de 12 y 13 años. Los tuvo antes de enrolarse en la guerrilla, los dejó con el padre y se comunicaba con ellos cuando podía. «Recuperar a mis hijos, lo mejor que me podría pasar», dice.

Relaciones distantes

Otros no se plantean volver a ver a sus familias ni retornar a sus lugares de origen porque la relación es ya muy distante. Es el caso de Milena Torres que tuvo una hija siendo guerrillera. «Yo no era muy amante de los niños pero me falló la planificación y tocó tenerla y dejarla con la familia. Hoy mi hija ya tiene 23 años y apenas la he visto alguna vez. Sé que está casada y soy abuela pero mi familia ahora es esta», dice refiriéndose a las FARC.

Una vez dejaron las armas, y como parte de los acuerdos de paz, los exguerrilleros cobraron dos millones de pesos, unos 700 euros, a fondo perdido. Desde hace unos meses empezaron a percibir también el subsidio mensual de 600.000 pesos, unos 200 euros, que tendrán durante dos años. La alimentación sigue corriendo a cargo del Estado hasta marzo. Manejar dinero ha sido algo nuevo para los excombatientes que lo emplean de distinta manera. Unos mejor y otros peor. La mayoría compró su nevera, un televisor, cosas para la casa, un teléfono celular y la ropa que necesitaban. Otros también equipos de sonido, tablets e incluso una moto. Patricia Restrepo se gastó un millón en comprar una vaca para su padre y Adriana Rosales envió dinero a sus hijos e invirtió una buena parte en proyectos cooperativos, como poner en marcha una panadería dentro del ETCR.

No saben dónde vivirán en el futuro. Un censo socioeconómico sobre las FARC indica que el 77% de los exguerrilleros no tiene un lugar para vivir una vez acabe el proceso de reincorporación. Las 26 ciudadelas construidas para acoger a la insurgencia nacieron inicialmente como lugares provisionales, pero con el tiempo las FARC plantearon la posibilidad de quedarse y establecer allí su nuevo hogar de forma colectiva. Los ETCR son lugares arrendados por el gobierno a propietarios particulares y si los exguerrilleros se quedan o no dependerá de que pueda comprarlos, pero también de los proyectos productivos que puedan implantarse en la zona en concreto, del acceso a la tierra de los reincorporados a la vida civil y también de las condiciones de seguridad para los excombatientes.

Para el Gobierno de Colombia, los ETCR tienen una perspectiva de hasta dos años de funcionamiento. «Las FARC han planteado que se irán moviendo gradualmente de algunos espacios hacia otras zonas donde tenían arraigo previo. Adicionalmente, hay muchas personas que han decidido trasladarse a las cabeceras municipales o a las ciudades. En estos meses se irá decantando cuales tendrán vocación y viabilidad de permanencia y cuáles no. Lo importante es que les prestaremos atención en cualquiera de los escenarios mencionados», dicen desde la ARN a este diario.

Incertidumbres

Ahora mismo hay muchas incertidumbres sobre el futuro. Las FARC siempre tuvieron en la cabeza un modelo de reincorporación colectiva que les permitiera seguir unidos y construir una nueva vida en las zonas rurales de Colombia. Con ese fin, se creó la cooperativa Economías Solidarias del Común (ECOMUN), que pretende impulsar y financiar proyectos productivos, especialmente agrícolas, y dar así una salida laboral a sus miembros en su reincorporación económica. Más de 5.000 excombatientes se han capacitado ya en economía solidaria.

La idea es que cada guerrillero invierta en la cooperativa ECOMUN los 8 millones de pesos, unos 2.500 euros, a los que tiene derecho si se acogen a un proyecto productivo. Las FARC aspiran a que se constituyan dos cooperativas, ya sean agrícolas, ganaderas o piscícolas, en cada una de las 26 zonas. Pero los proyectos productivos presentados parece que están aún lejos de implementarse, no se ha recibido dinero para financiarlos ni tierra para que se adelanten. La lentitud del proceso lleva a que algunos grupos organizados de excombatientes compren tierras por su cuenta e impulsen sus propios proyectos agrícolas, pero también a que muchos otros opten por una reincorporación individual.

En Santa Lucía esperan poder empezar a trabajar pronto en los proyectos productivos que presentaron; una procesadora de frutas y otro de ganado para carne y leche. Están pendientes de que se apruebe definitivamente su viabilidad en función de que se puedan conseguir tierras aptas y también de las condiciones de seguridad en una zona con seria amenaza paramilitar. «Hemos pensado que en esos proyectos podrían trabajar tres comunidades de reincorporados, pero no sabemos nada todavía y el Gobierno lo está dilatando mucho», lamenta Gustavo López.