Unidas por Mérida, el grupo municipal de IU y Podemos, ha presentado un recurso de reposición contra la adjudicación de la obra para la rehabilitación del convento de las Concepcionistas. Según explica la coalición, el recurso se debe a la "acumulación sucesiva de incumplimientos" tanto por parte del Ayuntamiento de Mérida como del Consorcio de la Ciudad Monumental, a quienes Unidas acusa de "eludir" la obligación de realizar una cata arqueológica en el entorno.
El proyecto se adjudicó la semana pasada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Díaz Cubero y Al Senera Obras y Servicios, por un importe de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. El proyecto del arquitecto José María Sánchez contempla el derribo de todas las dependencias que no tienen valor histórico para liberar el acceso a lo que hoy es el centro del convento. La idea es conservar solo la iglesia gótica, el campanario, una pintura de la Virgen de Guadalupe y parte de las portadas en las esquinas con el Rincón de los Poetas y la calle Beatriz de Silva.
Unidas critica que ayuntamiento y Consorcio, "en lugar de aprovechar la única oportunidad posible para excavar una zona tan sensible desde el punto arqueológico, pretendan pasar de puntillas ante la posibilidad de sacar a la luz nuevos restos, que en cualquier otra localidad se convertirían en una prioridad para cualquier cargo público".
"Falta de escrúpulos"
En este sentido, apunta que el hecho de que el promotor de este proyecto sea una administración pública y que la obra esté ubicada en el corazón de una zona de protección especial, "es una buena muestra de la falta de escrúpulos que están demostrando el alcalde de la ciudad y los responsables del Consorcio, cuya actitud además de repugnante e irresponsable podría llegar a considerarse delictiva, si finalmente la obra se ejecuta en los términos contemplados en el proyecto".
Según explica la formación en una nota, el proyecto no contempla la obligación de realizar intervenciones arqueológicas más allá de las comprobaciones que pudieran hacerse en cualquier otro punto de la ciudad, sin que se haya impuesto, ni al redactor del proyecto, ni a la empresa constructora, la obligación de ejecutar excavaciones arqueológicas "en el sentido estricto".
Para la coalición resulta "especialmente significativo" el "silencio" del Ayuntamiento de Mérida sobre este tema y considera incluso la posibilidad de elevar el asunto a instancias judiciales para depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.
En respuesta, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha asegurado que el recurso de Unidas por Mérida «no tiene base jurídica» y ya avanza que será desestimado. «Es una bomba de humo», afirma la delegada, que apunta además que el proyecto tiene todos los informes preceptivos favorables y se cumple «de forma tajante» con la normativa y el Plan General de Ordenación Urbana.
Según Yáñez, una vez finalizados los trabajos autorizados de demolición y, con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una excavación arqueológica en las zonas de remoción del subsuelo que plantea el proyecto arquitectónico. Al término de la excavación se emitirá un informe vinculante sobre la necesidad o no de protección e integración de los restos arqueológicos y si fuera necesario, la modificación del proyecto.
