Sentencia ejemplarizante en defensa del patrimonio. El Juzgado de lo Penal Número 1 de Mérida ha condenado por un delito de expolio a una pareja que, al menos en cuatro ocasiones, salió con un detector de metales a buscar piezas arqueológicas por las afueras de la ciudad. Unas expediciones en las que encontraron, entre otros objetos, una pesa de plomo datada entre los siglos II y V, una moneda de la República de 1870 y una moneda de cobre fundacional de Augusta Emérita, pericialmente valorada en 100 euros y que a día de hoy no ha sido recuperada.
Los condenados deberán hacer frente a una multa de 6.400 euros e indemnizar al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida con 10.100 euros más intereses, ya que además de sustraer las piezas, el juez corrobora que causaron «un importante daño» al subsuelo del yacimiento emeritense. La sentencia se dictó en mayo de 2021 y fue recurrida a la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha ratificado la condena y las penas. Su peculiaridad reside en que es una de las primeras sentencias de este tipo que se dictan por la vía de lo penal en Mérida, donde generalmente estas cuestiones se han resuelto por la vía administrativa.
Entre las piezas expoliadas destaca una moneda fundacional de la colonia Emérita Augusta que no ha sido recuperada
Al sustentarse en el delito de expolio, el fallo rebaja de forma considerable las pretensiones iniciales de la Fiscalía (pedía tres años y 10 meses de cárcel para la pareja y una indemnización de 42.645 euros) y el Consorcio de la Ciudad Monumental (cuatro años de prisión por un delito continuado de daños intencionados a yacimiento arqueológico especialmente relevante y dos años y seis meses por un delito de hurto de bienes de valor histórico, más un indemnización de 62.577 euros), pero deja claro que este tipo de prospecciones, en el caso de Mérida, son un delito y están expresamente prohibidas por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural.
Todo el término municipal es un yacimiento histórico con especial protección: cualquier movimiento de tierras necesita autorización administrativa y cuando se descubren restos, deben entregarse al Consorcio.
Vídeos en internet
La investigación comenzó tras el descubrimiento de unos vídeos en You Tube y Facebook, donde bajo el perfil «Detección Pexolata» los encausados enseñaban y comentaban sus expediciones. En noviembre de 2018 se procedió al registro de su domicilio, donde se encontraron «una gran cantidad de objetos».
Las prospecciones se realizaron en la zona del embalse de Montijo, el residencial Miralrío y los alrededores del toro de Osborne situado en uno de los accesos de la A-5. Los condenados usaban un detector de metales marca Teknetics que les fue intervenido, un pinpointer, una pala de jardinería y un cepillo de dientes para limpiar las piezas. En las diferentes salidas, «cuatro al menos», realizaban pequeñas catas o agujeros en los puntos que indicaban los detectores de metales, encontrando «objetos diversos que se quedaban y no entregaban en caso alguno».
Al extraerlos, indica la sentencia, se pierde la contextualización de las piezas «y toda la información que pudieran dar respecto de su funcionalidad en el propio yacimiento», además de causar «un importante daño a la secuencia estratigráfica (del suelo), único testigo de la sucesivas ocupaciones humanas que se han ido alternando a lo largo de los siglos y que, como consecuencia de estas remoniciones incontroladas, queda revuelta e interrumpida, dificultando la lectura histórica».
Tras el registro domiciliario, las piezas fueron depositadas y valoradas en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que ya las ha devuelto al Consorcio tal y como se establece en la sentencia.
