A la vista del avance de las nuevas tecnologías, las Administraciones Públicas no se están quedando atrás a la hora de modernizar sus sistemas de gestión. Por ello, la Administración Pública ha instaurado la obligatoriedad para las empresas y autónomos de relacionarse electrónicamente con ella.
El escenario al que nos enfrentamos ahora es concienciar a nuestros clientes de la necesidad de rastrear periódicamente los distintos buzones de la Administración, en busca de las notificaciones electrónicas que puedan recibir. Todo ello para evitar importantes sanciones y perjuicios económicos que pueda suponerle por desconocimiento, falta de tiempo o, simplemente, para estar informadas en su necesidad de cumplir con la Ley.
Así la Ley 39/2015 y 40/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ha impuesto a determinados colectivos, cada vez más amplios, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones publicas, lo que implica la obligación de recibir las notificaciones administrativas a través de las plataformas electrónicas habilitadas por Ley. Este nuevo régimen tiene una especial trascendencia puesto que la Administración deja de notificarle en su domicilio físico en papel, para pasar a hacerlo en unas plataformas electrónicas a las que periódicamente el administrado debe acudir para comprobar si ha sido notificado, la cual estará disponible para su descarga durante 10 días, al cabo de los cuales, se considerará automáticamente rechazada.
No hay vuelta atrás, cada día se suman más Organismos a la Administración electrónica: así tenemos Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Ministerios, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Dirección General de Trafico y un largo etcétera.
El deseo, tanto de los profesionales como del administrado, sería el poder centralizar en un punto de acceso único la recepción de las notificaciones electrónicas de la Administración, dado que el recibir notificaciones electrónicas de los distintos organismos sin un criterio realmente homogéneo, resulta, sin duda, caótico, debido a que cada una utiliza diversas plataformas tecnológicas, el tiempo dedicado al rastreo y los potenciales riesgos de sanciones se multiplican.
