El Juzgado de lo Penal Número 1 de Cáceres ha condenado a dos años de prisión y a doce de inhabilitación para empleo y cargo público a la presidenta de un tribunal de oposiciones para Educación que destruyó los exámenes y que con su actuación impidió que un aspirante se sacara la plaza, según recoge la agencia Efe.
En la sentencia, que no es firme, la juez condena además a la acusada a indemnizar al opositor con 40.000 euros y a pagar una multa de 6.750 euros por los delitos de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
En marzo de 2010 la Junta de Extremadura convocó las oposiciones para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos y la condenada fue designada presidenta de uno de los tribunales. Ante este tribunal, señala la sentencia, se tenía que examinar el querellante, quien presentó un escrito para solicitar la recusación de la presidenta alegando «enemistad manifiesta de ésta hacia él». Dicha recusación no fue aceptada por la acusada y dijo que «no se daban los motivos alegados» y continuó con el proceso selectivo.
La relación entre ambos procede de cuando los dos profesores coincidieron en el instituto Emérita Augusta de Mérida en el curso 2006-2007, siendo el querellante nombrado jefe de departamento. Desde el inicio y raíz del reparto de horarios se fueron sucediendo distinto episodios en el departamento que llegaron a conocimiento de la inspección general en donde la acusada y otros compañeros «acusaron al jefe de departamento y al jefe de estudios de favoritismo».
En el proceso de oposición la presidenta del tribunal le puso la nota mas baja y decidió llevarse para su estudio la programación entregada por el mismo «aun sabiendo que no era ella a quien correspondía y sabiendo, además, que había sido recusada por su autor». Una vez terminado el proceso de selección, «a propuesta de la acusada se decidió y procedió a la destrucción de los exámenes» y ello «pese a la base de la convocatoria, que obligaba a que toda la documentación del concurso oposición debía depositarse y quedar bajo la custodia de la delegación provincial».
Este proceso selectivo fue anulado por la sala de lo contencioso administrativo del TSJEx.
