Ninguno de los cinco detenidos por los disturbios ocurridos en octubre pasado en La Madrila tendrán que ir a prisión, al no superar las penas máximas que para ellos solicitan tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular (el ayuntamiento) los dos años.

Las conclusiones provisionales que de los hechos y la implicación de los acusados realizan Fiscalía y acusación particular difieren bastante.

Mientras que el Ministerio Fiscal individualiza --imputa a cada uno de los acusados uno determinados hechos y pide por ellos las correspondientes penas-- el ayuntamiento, que "sorprendiendo a todos" se ha persona como acusación particular en el caso hace apenas un mes, inculpa a los cinco acusados todos los hechos y pide para todos las mismas condenas.

PENAS SOLICITADAS

El ayuntamiento, como acusación particular, considera los hechos que se imputa a los cinco jóvenes detenidos como un delito de desórdenes públicos, y solicita para cada uno de ellos dos años de prisión y el pago conjunto de una indemnización de 7.971 euros (algo más de 1,3 millones de pesetas) al consistorio.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, califica los hechos que se juzgarán, previsiblemente en septiembre u octubre próximo, constitutivos de un delito de desórdenes públicos del artículo 557 del Código Penal, un delito de daños del artículo 263 del mismo texto legal, un delito de resistencia a agentes de la autoridad del artículo 556 y una falta de lesiones del artículo 617.1.

Pero no de todos los delitos considera culpables a los cinco acusados, sino que los califica de forma individualizada. Aunque sí considera responsables a todos los acusados (M. P. A., A. G. G., I. R. C., F. S. C. F. y F. C. P.) del delito de desórdenes públicos, del delito de daños sólo considera que lo son M. P. A. y A. G. G., y del delito de resistencia y de la falta de lesiones F. C. P.

Por ello, la Fiscalía considera que procede imponer, por el delito de desórdenes públicos, la pena de un año y seis meses de prisión a M. P. A., de un año y cuatro meses a A. G. G., y de un año a cada uno de los otros tres acusados. Por el delito de daños, una multa de 15 meses con una cuota diaria de seis euros a M. P. A., y de 12 meses con la misma cuota a A. G. G. Y a F. C. P. una pena de ocho meses de prisión por el delito de resistencia a agentes de la autoridad y una multa de un mes con cuota diaria de seis euros por la falta de lesiones. También se solicita, en cada caso, el pago de indemnizaciones al ayuntamiento que oscilan entre 8.450 y 217 euros.