El administrador de Busursa reclama al Ayuntamiento de Cáceres que pague su deuda

La pretensión del ayuntamiento es atender este pago y otros con el Fondo de Impulso Económico solicitado al Ministerio de Hacienda, aunque la cantidad inicialmente prevista para este compromiso con Busursa, que está en concurso de acreedores desde 2011, es algo inferior, ya que la estimación se realizó antes de que la Audiencia de Madrid dictase su sentencia.

Al margen de la deuda por obligaciones del presupuesto y de la financiera con entidades bancarias, los pagos que el ayuntamiento tiene pendiente son el débito con Busursa, que se ha judicializado al no estar de acuerdo el gobierno local con la cantidad reclamada por la administración concursal y con la que se recogió en un convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa, y el que todavía queda por abonar de expropiaciones. Además falta por conocerse qué decidirá el juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre la liquidación reclamada por Acciona.

CONCURSO / Busursa estuvo gestionando el autobús urbano hasta febrero de 2011. Para la liquidación del contrato se firmó el 28 de enero de 2011 un convenio con la empresa. Unos meses después de dejar la gestión del transporte urbano de la ciudad, Busursa, que perteneció al grupo de Gerardo Díaz Ferrán, entró en concurso de acreedores.

Para afrontar la deuda que se arrastra de procesos judiciales de legislaturas anteriores es por lo que el gobierno local ha decidido pedir el Fondo de Impulso Económico a Hacienda. Lo que se hace es cambiar deuda por deuda (ya que se tendrá que concertar una operación de crédito) para evitar que los pagos por sentencias sigan acumulando más intereses y porque el crédito a concertar con el fondo tendrá un tipo de interés inferior al de demora.

González precisó que por ahora no se pedirá le ejecución provisional de la sentencia (que obligaría al pago de 5,4 millones, esta cantidad es solo el principal, además están los intereses generados desde al menos el año 2012) y que se esperará a la contestación del consistorio y a llegar a un acuerdo, como ocurrió con la primera sentencia que el Juzgado de lo Mercantil dictó en 2013, entonces se cuantificó la deuda en 7,9 millones y el ayuntamiento realizó pagos de parte del débito que reconoció, que en un principio fue de 1,3 millones y que después subió a 3,3. Esos pagos no llegaron a la totalidad de los 3,3 millones. En febrero de 2014 el gobierno quiso atender el débito reconocido y se acordó hacer abonos mensuales de 100.000 euros, pagos suspendidos «hace más de un año», indicó González, aunque se llegó a abonar unos 1,2 millones.