En las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento de Cáceres se incide, entre otras cuestiones, en reducir el efecto económico que la obra de Portaje tendrá en la ciudad. Los usuarios que se benefician de obras para la regulación de aguas que financie el Estado tienen que pagar un canon con el fin de compensar la inversión que se hace. Para el cálculo del importe del canon se mete, entre otros, el 50% del coste de la presa de Portaje, del año 1986. El ayuntamiento ha pedido en su alegación que no se incluya este coste.
Hay otros 12 municipios, del entorno de Cáceres, que se abastecerían del agua del embalse de Portaje.
