La Junta de Extremadura analiza ahora la sentencia que anula la suspensión del contrato para construir el nuevo hospital con la primera adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Joca, FCC y Placonsa. El fallo del juzgado de lo contencioso de Mérida se conoció esta semana e implica que el Ejecutivo regional deberá devolver los más de 5 millones de euros que esta UTE depositó a la Junta en concepto de liquidación una vez que se resolvió el contrato. En un principio la administración autonómica baraja no recurrir la sentencia y establecer un diálogo con las empresas para acordar las formas de pago. Sin embargo ayer el SES indicó que también se estudiará la posibilidad de interponer recurso al TSJEx. «Haremos lo que mejor sea para los intereses de los extremeños», aseguraron las mismas fuentes. Ahora el principal objetivo del Ejecutivo regional es terminar la primera fase del nuevo hospital y «que no sea más costoso de lo que ha sido para los extremeños».
