La investigación de que han sido objeto los dos agentes de la Brigada de Extranjería de Cáceres detenidos por presunta corrupción en la legalización de inmigrantes no ha logrado probar que éstos recibieran beneficios económicos a cambio de ciertos documentos o favores.
Así se desprende de las declaraciones efectuadas ayer, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cáceres, por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) encargados de la investigación.
Esta unidad se hizo cargo de la misma en junio del 2001 --antes se había llevado a cabo por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres y Badajoz-- y la concluyó en noviembre de ese mismo año, cuando el oficial Francisco S. D., y el agente Eloy S. R., fueron detenidos por presuntos delitos de revelación de informaciones, continuado de cohecho, de falsedad y contra los derechos de los trabajadores.
DENUNCIA E INVESTIGACION
Durante la vista, todos los miembros de la UAI reconocieron que durante la investigación no se han conseguido pruebas incriminatorias respecto a los delitos de cohecho y contra los derechos de los trabajadores. En ningún momento, aseguraron, se pudo observar que los agentes y las otras tres imputadas --Chafya E. G., Amina E. G. y Fátima N.-- intercambiaran dinero o documentos.
No obstante, parece que sí se obtuvieron pruebas incriminatorias de los delitos de revelación de información por funcionario público, obtenidas a través de las escuchas telefónicas realizadas; y continuado de falsedad de documento oficial, por el estudio de algunos expedientes de reagrupación familiar y de otra índole.
El inicio de la investigación derivó de las presuntas irregularidades detectadas en ciertos expedientes de Extranjería, que responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Subdelegación del Gobierno reconocieron que sólo se podían hacer "en connivencia con funcionarios de la comisaría o de la propia Subdelegación", y de la denuncia formulada por una súbdita marroquí --la testigo protegido de la causa--.
Fue el que entonces era jefe de la Brigada de Extranjería el que declaró en el juicio respecto a estos aspectos. Este aseguró que la investigación se inició "porque existían claros indicios de criminalidad" y negó en todo momento la presunta relación personal que se le atribuye con la testigo protegido, así como el haber provocado ciertos hechos para incriminar a los policías procesados.
