La celebración de matrimonios civiles en dependencias del ayuntamiento oficiados por el alcalde o por el concejal en quien delegue tendrá un precio que va de los 60 a los 340 euros, un coste que varía en función del horario y del lugar donde se organice la ceremonia. La junta local de gobierno acordó a finales del pasado año que se cobrase una tasa que gravase la celebración de bodas en las dependencias del consistorio, acuerdo que se concretó ayer en el texto de la nueva ordenanza fiscal que se dictaminó a favor durante la comisión municipal de Economía y Hacienda.
Las causas por las que el gobierno local ha decidido que se pague por la celebración de bodas es que su número casi se dobla en el último año, de las 58 del 2003 a las 95 del 2004. A esto se suma que al trasladar las celebraciones al palacio de la Isla "hay que tenerlo abierto el sábado por la mañana y tener personal dedicado a esta actividad", explicó ayer el concejal de Régimen Interior, Luis Martín. Se producen unos gastos de "personal, limpieza, alumbrado..., y se llega a la conclusión de que ese gasto hay que cobrárselo al usuario del servicio", añadió el edil.
El acuerdo de la comisión de Economía se adoptó con los votos a favor de los concejales del PP, que son mayoría en este órgano, y en contra de los ediles del PSOE. Su portavoz, Lorenzo de la Calle, aseguró que la ordenanza es "ilegal" y anunció que la impugnarán si se aprueba en el próximo pleno ordinario, ya que el acuerdo que ayer adoptó la comisión municipal de Economía es sólo informativo.
De la Calle explicó que el hecho imponible de la tasa (que el alcalde o el concejal en quien delegue oficie el matrimonio) "no puede dar lugar a la exacción de una tasa" porque el ayuntamiento no es el único órgano donde se pueden oficiar los matrimonios civiles, "también lo puede hacer el juez encargado del registro civil, con lo que ya no es de recepción obligatoria".
El portavoz socialista en la comisión añadió que la ceremonia que oficia el alcalde o el concejal en quien delegue "no es un servicio público, quien se casa son los contrayentes, --el alcalde-- es un fedatario". "Un político no presta servicios, realiza actos políticos y debidos", agregó el portavoz. De la Calle concretó que en este caso no se puede aplicar una tasa por prestación de un servicio público, y que sí se podría plantear cobrar por la utilización privativa del dominio público al celebrarse la ceremonia en propiedades municipales.
El portavoz añadió que la redacción de la ordenanza es "precipitada y poco convincente" y citó, como ejemplo, que las opciones son el palacio de la Isla o en otros lugares solicitados por los contrayentes, por lo que "podría ser en el hípico, y además sería más caro que en el palacio de la Isla". Matizó que hay dos tarifas, la primera por días laborables y la segunda por sábados, festivos y sus vísperas, "con lo que también entraría un viernes, que es un día laborable; entonces, ¿a qué atenerse?".
De la Calle apuntó que en la ordenanza se regula que la tarifa se actualizará todos los años en función del incremento establecido en la Ley de Presupuestos para las retribuciones de los funcionarios públicos, "lo que es absurdo". Por último, aclaró que en la normativa se establece como sujetos pasivos de la tasa "a los conyuges, que no lo son hasta que no están casados, por lo que deben ser los peticionarios".
De la Calle recalcó que el grupo socialista impugnará judicialmente la ordenanza si finalmente se aprueba en el pleno que la corporación local celebrará el día 17. Su compañero de grupo y en la comisión, José Andrés Mendo, comentó que como se ha planteado la ordenanza da la impresión de que se está invitando a los contrayentes "a casarse en otros sitios", y que podría traer hasta un perjuicio económico a negocios de la ciudad si, ante los nuevos precios, hay quienes optan por casarse en ayuntamientos de localidades próximas. Para Mendo, la nueva ordenanza es una muestra más de la mala situación económica del ayuntamiento "se busca dinero hasta debajo de las piedras".
PLENO El acuerdo de ayer no es definitivo, debe pasar por el pleno de la corporación local y luego someterse a exposición pública. "Pasará por el pleno y se debatirán los pros y los contras", indicó Martín, que explicó que antes de que se acordase aplicar la ordenanza "se pidió información a otros consistorios, y se llegó a la conclusión de que se cobra por estas celebraciones".
Martín no entró a valorar el voto en contra de la oposición, y concretó que el acuerdo adoptado por la comisión con el apoyo de los concejales populares se basa "en el informe de intervención, que nos dice que se puede hacer, calcula el coste y es un gasto a cobrar a los usuarios de este servicio". El concejal de Régimen Interior añadió que el incremento del número de celebraciones ha supuesto un gasto al que se debe hacer frente, "y por eso esta ordenanza".
