El ayuntamiento adeuda 16.152.175 euros de 19 expedientes de expropiaciones de terrenos. La mayor parte de esta cantidad son de procesos cerrados, en los que un tribunal ya ha cuantificado el justiprecio en una sentencia que es firme, se ha aceptado el valor del suelo establecido por el jurado autonómico de valoraciones o se ha admitido la cuantificación hecha por el consistorio. Esta parte de la deuda que ya es definitiva es de 14.183.495 euros. La otra parte, por valor de 1.968.680 euros, es la que puede variar al estar pendiente de sentencia o de valoración por parte del jurado autonómico.

Es una cuantificación actualizada de una deuda que el ayuntamiento viene arrastrando desde hace años y en algunos casos tras procesos judiciales que se han prolongado más de un lustro (en las cantidades que se citan arriba no están incluidos los intereses que se han generado).

La mayoría de estos expedientes de expropiaciones tienen su origen en anteriores planes generales de urbanismo, que obligaban al ayuntamiento a obtener terrenos privados por expropiación, ya que su destino era la ampliación de zonas verdes o de viales públicos. Entre estos 19 procesos pendientes de pago también hay otros, que son los menos, derivados de la ejecución de obras y que son los que tienen un importe menor.

Pero en 2010, con la entrada en vigor del nuevo plan de urbanismo, la forma de obtención de estos terrenos se modificó. Con el nuevo plan y con los cambios introducidos en la Ley del Suelo no se espera la tramitación o la interposición de nuevos procesos administrativos o judiciales que deriven en nuevas deudas por expropiaciones. La cuantificación de un débito que rondaría los 16 millones se puede considerar casi definitivo, dado que aún se puede dar un incremento en alguno de los tres expedientes de mayor cuantía que están pendientes de sentencia.

El ayuntamiento ya ha abonado en los últimos años otros expedientes de expropiación. Entre estos procesos ya pagados están los más de 8 millones que se desembolsaron en 2009 de tres procesos de expropiaciones con cargo a las operaciones de crédito por importe de 30 millones que se concertaron ese año para el pago de deuda a acreedores.