El gobierno local presentó ayer los principales datos de la liquidación de los presupuestos del 2009. La cara es que el déficit se ha recortado: el saldo negativo del remanente de tesorería queda en 1,8 millones frente a los 2,9 del 2008. La cruz es que aún falta por pagar una deuda reconocida de 25 millones de euros, en su mayoría de facturas de los ejercicios de 2009 y 2010.

El mensaje que ayer trasladaron la alcaldesa, Carmen Heras, y el edil delegado de Economía, Lorenzo de la Calle, fue que cogiendo en 2007 una administración que el anterior ejecutivo local dejó endeudada y en una legislatura afectada por la crisis se está mejorando la situación financiera de un ayuntamiento "que comienza a dar imagen de solvencia", aseguró la alcaldesa.

De la Calle resumió, recordando los datos que ya expuso en el mes de octubre, que en junio de 2007 se encontraron una deuda de 64 millones de euros, que se ha reducido a 25 millones.

El principal dato que se expuso ayer fue el del remanente de tesorería para gastos generales. Su resultado es la diferencia entre ingresos pendientes de recaudar y la deuda reconocida más el remanente que está comprometido. Lo que queda es lo que ´habría en caja´ y el resultado ha sido negativo desde 2004, aunque en los últimos años se ha ido corrigiendo. En los ejercicios liquidados de esta legislatura se ha pasado de -4,4 millones del año 2007 (solo la mitad es de la presente corporación) a -1,8 de 2009, dato inferior a los -2,2 de la previsión inicial para este año.

De la Calle recordó que con las medidas de austeridad y mejoras en la recaudación que se adoptaron en 2010 y las previstas para este año se espera que en la liquidación del ejercicio 2011 (que se hará pública a mediados de 2012) los datos del remanente de tesorería sean positivos.

PAGAR LA DEUDA Heras y De la Calle insistieron en que si el gobierno municipal no se hubiese encontrado en 2007 con una deuda de 64 millones de euros, de los que 29 eran de obligaciones sin aplicación en presupuesto, una parte de la deuda actual estaría atendida y el remanente de tesorería sería positivo.

"Se cumplirá con todos, lo habríamos hecho antes si no hubiesemos tenido la deuda de atrás", manifestó Heras. De los 25 millones de obligaciones reconocidas y que se adeudan, los principales acreedores son las empresas concesionarias de servicios públicos. Pese a que el dato del remanente es mejor que en años anteriores, el problema es de liquidez para atender los pagos de las deudas reconocidas, débitos que se abonan por orden de antigüedad.

Heras recordó que con el canon del agua se atenderá parte de esas deudas (este año puede quedar una bolsa de unos ocho millones tras el pago del capital vivo que queda por amortizar de las operaciones de crédito concertadas hace año y medio para pago de deuda anterior a 2008).

De la Calle explicó que para recortar el remanente negativo se impulsó en 2008 un plan de austeridad en el gasto, una reordenación del presupuesto para mayor control y una mejora en la recaudación del IBI con una labor de inspección censal para que se pagase por los inmuebles por los que no se tributaba. Especificó que en unos días dará los datos del IBI, insistiendo en que "ha dado resultado".

Otra de las medidas que destacó el edil fue que en esta legislatura se ha intentado eliminar los reconocimientos extrajudiciales de crédito para evitar lo ocurrido en la anterior corporación, cuando al final de la legislatura se habían acumulado 29 millones de las obligaciones sin aplicación presupuestaria.

EXPROPIACIONES Uno de los principales factores que han desequilibrado las cuentas municipales han sido las expropiaciones de terrenos, en su mayoría tras sentencia judicial sobre el justiprecio y a raíz de las planificaciones de la ordenación anterior al plan de urbanismo en vigor, en algunas de estas intervenciones también se han producido operaciones de compra-venta del terreno antes de reclamar al ayuntamiento su expropiación. De los 30 millones pagados hace año y medio por deuda anterior a 2008, 9 fueron a dos sociedades y a un particular por tres expropiaciones.

Además hay otros 6 millones pendientes de sentencia del Supremo. También hay otros cinco expedientes por 4 millones, según la estación del jurado autonómico de valoraciones, esta cantidad sobrepasa los 7 millones si se valora por los propietarios del suelo y baja a 2,2 con la estimación del consistorio. En la comisión de Economía del viernes se habló de buscar las soluciones para reducir el impacto económico de las expropiaciones.