El Ayuntamiento de Cáceres no tendrá que indemnizar a Acciona con más de nueve millones

Cabe recordar que Acciona fue la empresa adjudicataria del contrato del suministro de agua y prestó este servicio entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015. El contrato se resolvió después de que, tras varias sentencias, el ayuntamiento emitiera una resolución el 20 de noviembre de 2014 por la cual lo adjudicaba a la empresa Canal Isabel II, quien suministra el servicio en la actualidad.

Así, según señaló ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Gobierno el portavoz del equipo de gobierno local, Rafael Mateos, algunas de esas cláusulas incumplidas por parte de Acciona tendrían que ver con la realización de inversiones obligatorias, la instalación de contadores o los costes de puesta en marcha, entre otros puntos.

En la liquidación, Acciona reclamaba la reparación de daños y perjuicios derivada de la pérdida de la adjudicación del contrato. Culpaba al ayuntamiento de la nulidad de la adjudicación, pero la sentencia considera «no probada» dicha culpa. El fallo indica que la parte recurrente (Acciona) no ha acreditado «ninguna prueba documental» para responsabilizar al ayuntamiento de la resolución del contrato, con lo que esto impide recibir la indemnización solicitada por daños y perjuicios derivada de la ganancia dejada de obtener, que Acciona cuantificó en 6.661.903 euros.

Asimismo, la sentencia encuentra «graves imprecisiones» dentro del informe pericial de la recurrente, concretamente en relación al lucro cesante. El fallo especifica que los peritos han realizado «una serie de valoraciones jurídicas que no forman parte de su conocimiento». El lucro cesante es la consecuencia del incumplimiento contractual del deudor, con lo que en este caso no se pude exigir al consistorio esa partida. «Al no haber habido un contrato no puede existir incumplimiento», recoge el fallo.

La sentencia se refiere también a un contrato firmado el 8 de junio de 2016 entre Acciona y Canal Isabel II por el cual la primera empresa traspasó una serie de elementos de su patrimonio a la compañía que presta actualmente el servicio. Se trata de cuatro partidas --relativas a la instalación de contadores, maquinaria y utillaje, trabajos del GIS (Sistema de Información Geográfica) y existencias-- por las que Acciona reclamaba al ayuntamiento 804.448 euros, sin embargo éstos fueron transmitidos a Canal Isabel II por 427.502 euros. En ese sentido, el fallo recoge que «las cuatro partidas podrían estar sobrevaloradas en el informe pericial, duda que podría extenderse al resto de partidas y a la objetividad e imparcialidad del informe pericial». Así, la sentencia indica que se «ha producido una desviación -no explicada--, de en torno el 80% en la cuantía de la reclamación entre la vía administrativa y la jurisdiccional».

Por parte del consistorio, Mateos manifestó ayer que en un principio el ayuntamiento tratará de percibir esta cantidad, que según el juez de lo contencioso-administrativo le corresponde, a través de «la vía amistosa». Si bien, si fuera necesario, al no caber la reconvención en un proceso contencioso-administrativo, el Mateos dejó claro que se acudirá a la vía judicial para reclamar el cobro «del 100%» del importe que fija el fallo. «Es importante iniciar el proceso cuanto antes para que no prescriban ni caduquen las acciones», añadió Mateos, que remarcó que el consistorio «vela por el cumplimiento de los contratos» y exige «a las concesionarias que devuelvan y paguen lo pactado con este ayuntamiento», concluyó.

No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. Este diario trató de contactar ayer con la empresa Acciona para conocer si tiene previsto recurrir la sentencia, sin embargo la compañía no realizó declaraciones al respecto.