El ayuntamiento cerró 2017 con un remanente de tesorería para gastos generales de 9,4 millones. Es el tercer ejercicio consecutivo con un resultado positivo después de una década de números negativos. El dato del remanente es a fecha de 31 de diciembre y en su determinación se tienen en cuenta entre otros conceptos la deuda del ayuntamiento y lo que adeudan al consistorio tanto del ejercicio presupuestario del 2017 como de los anteriores.

Así en la misma fecha al ayuntamiento le adeudaban 35,5 millones, aunque 10,6 se estiman de dudoso cobro y no se tienen en cuenta en el cálculo del remanente de tesorería, mientras que el consistorio tenía pendiente de pago 16,1 millones, cantidad que no es el total del débito que arrastraba el ayuntamiento el 31 de diciembre, ya que hay que sumar 3,8 millones de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Estos 3,8 millones no se contabilizan en el cálculo del remanente de tesorería. Tampoco se incluye la deuda viva de operaciones de crédito que se amortizará en ejercicios venideros y que a fecha de 31 de diciembre era de 24,2 millones.

El remanente de tesorería del 2016 fue de 5,7 millones. En la liquidación que se hizo de ese año ascendía a 7,8 millones --los datos aparecen en el cuadro--, pero en su informe sobre los resultados de 2017 se corrige este dato por el servicio de Intervención del ayuntamiento, que deja el remanente de 2016 en 5,7 millones. La diferencia está en que se cuantificó a la baja la deuda que se tiene con el ayuntamiento y que es de dudoso cobro.

USAR EL SUPERÁVIT / El remanente positivo de 2017 permitirá que ahora el ayuntamiento dote de crédito el pago de deudas por 5,3 millones con una modificación del presupuesto que se tiene que dictaminar en la comisión de Hacienda que se celebra mañana. La deuda que se quiere cancelar son 1,9 millones que se adeudan a la diputación del servicio de bomberos, otros 1,3 millones que también se deben a la institución provincial por la recaudación de tributos y el crédito que por importe de 2 millones se tiene con el Banco Sabadell y que se concertó en 2013 dentro de uno de los planes estatales de pago a proveedores.

Con cargo a este remanente y con el superávit en la capacidad de financiación resultante de la liquidación del ejercicio de 2017 se dotará de crédito a gastos no previstos en los presupuestos de 2018, modificaciones que también se tendrán que dictaminar en la comisión del viernes. Se pretende habilitar crédito por importe de 776.279 euros para, entre otros gastos, dotar de nuevos materiales a la policía local, obras de conexión de barrios, ampliaciones de pistas deportivas y mejoras de caminos. También se votará otra modificación para las obras de la tercera fase de la ampliación del cementerio y la reparación de la cubierta del Imas. Estas dos últimas obras se financiarán con el fondo de contingencia previsto en el presupuesto de 2018 y con bajas de inversiones.

En esa comisión también se tendrá que dictaminar la concertación de un crédito para anular el que se tiene con CaixaBank y que se contrató en 2014 para pagar expropiaciones. El importe pendiente de esta operación es de 7,4 millones y el objetivo es pagar menos de intereses. En el crédito con CaixaBank es el euribor semestral más un diferencia del 1,75%. Con la nueva operación se pretende que ese diferencial sea como máximo del 0,45%.