Ya no hay un procedimiento judicial. Se acabó el pasado 21 de junio cuando en una de sus primeras decisiones el nuevo gobierno local dejó sin efecto el acuerdo que solo once días antes habían tomado sus antecesores. El 21 la junta local de gobierno decidió retirar el recurso de casación que se había acordado interponer ante el Supremo. Ahora toca seguir con un procedimiento administrativo para pagar las cantidades reclamadas y adeudadas a trabajadores del plan de empleo social.
Ni el alcalde, Luis Salaya, ni el concejal de Personal, Andrés Licerán, precisaron ayer qué cantidad tendrá que desembolsar el ayuntamiento, está pendiente de su evaluación por Intervención; aunque solo a los 108 trabajadores de las plazas de ordenanza convocadas para 2018 y para el primer semestre de 2019 se les tendría que abonar más de 200.000 euros. Salaya se reunió ayer con una representación de estos empleados del plan y tras el encuentro se anunció desde el gobierno que se estudiará cada caso de forma individualizada.
«Hemos retirado el recurso de casación y ya han adquirido sus derechos la parte --de los trabajadores-- que había denunciado; ahora tenemos reclamaciones de otros que no habían denunciado -en vía judicial- y tenemos que valorar en qué ha trabajado cada uno y pagar lo que merecían por el trabajo desempeñado», explicó Salaya. «No voy a dar una estimación concreta, es dinero, pero entendemos que es una prioridad y es lo que han dicho los tribunales», contestó el alcalde a la pregunta de qué cantidad se tendrá que pagar. «Lo calculará Intervención», añadió el regidor.
«Hemos trasladado al interventor cuál es la necesidad que hay y estamos viendo el número de expedientes y de casos para que se emita el informe», comentó Licerán, que añadió que la intención del equipo de gobierno es que se abone «a todos» hayan o no reclamado y adelantó que ayer ya se reunió, junto a la concejala de Econonía, María Ángeles Costa, con letrados que representan a trabajadores del plan «para ver qué procedimiento tomamos y reconocerles esa deuda».
Hasta ahora se llevan ocho convocatorias del plan de empleo social (dos por año). Los trabajadores son contratados por un periodo de seis meses. La primera sentencia, del juzgado de lo Social, partió de una reclamación presentada por un trabajador que en el primer semestre de 2018 estuvo como ordenanza en el ayuntamiento. Pero la que ha sido decisiva es la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que reconoció la reclamación de un trabajador, también había estado como ordenanza, y desestimó el recurso que presentó el ayuntamiento.
CAUSA DEL LITIGIO / El motivo del litigio es que el ayuntamiento no reconoció a trabajadores del plan de empleo el mismo complemento de destino y específico que tienen empleados que forman parte de la plantilla del consistorio y que desempeñaban una labor similar a la de los temporales del plan. El juzgado y el TSJEx concluyen en sus resoluciones que no hay causa de discriminación salarial. En el caso de la sentencia del TSJEx se concluye que se debe abonar al trabajador (ordenanza) 2.282 euros.
El caso sobre el que se pronuncia el TSJEx es el de un ordenanza que estuvo en el ayuntamiento en el primer semestre de 2018. En esa convocatoria hubo 36 plazas de ordenanza y en las dos siguientes (segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019) hubo una cifra igual. Son 108. Si se aplica el mismo criterio para todos, hayan o no reclamado en vía judicial, el ayuntamiento tiene que pagar más de 200.000 euros a estos 108 empleados del plan.
Aunque las plazas para ordenanza fueron las más numerosas en esas tres convocatorias, hay que sumar 142 puestos que salieron para otras tareas, motivo por el que la cantidad final a abonar podría ser mucho mayor.
Desde el gobierno no se detalló ayer si estos pagos también se tendrían que realizar a los trabajadores temporales que estuvieron en las cuatro convocatorias de los años 2016 (60 plazas) y 2017 (64).
Ante la cantidad de reclamaciones que se recibieron de trabajadores del plan de empleo social en los primeros meses de 2019, el juzgado llegó a decidir en marzo la paralización de todos los procedimientos hasta que hubiese una sentencia firme por una instancia judicial superior. Esta resolución se produjo el pasado mes de mayo con la sentencia del TSJEx.
