La empresa del grupo Mapfre que gestiona el horno crematorio del cementerio propuso en el 2005 incrementar los precios del servicio, un aumento que pasaba por subir el coste de la incineración y añadir un nuevo concepto con el cobro por la utilización de sala velatorio. La Comisión de Contratación abordó ayer este expediente y su decisión fue dejarlo sobre la mesa. De momento, el único precio que está autorizado son los 360,61 euros que se cobran por incinerar, un valor del contrato inicial que se ha actualizado con el IPC. El crematorio se abrió hace un par de años a pesar de que el ayuntamiento adjudicó el contrato para su ejecución y explotación en el 2002.
La propuesta que la empresa presentó hace dos años es subir la prestación a 390 euros y aplicar un nuevo concepto: el abono de 380 euros por el uso de una sala velatorio, con lo que el servicio completo, entre la cremación y la utilización de las dependencias, ascendería a 770 euros. El velatorio para los casos de incineración se hace ahora fuera del crematorio del cementerio.
Con esta propuesta de variación del contrato del horno crematorio se estrenó ayer la comisión municipal de Desarrollo Local y Contratación. Su presidente, el concejal Miguel López, explicó ayer que no se tomará ninguna decisión que repercuta en los precios "hasta que se pueda aprobar el expediente de modificación del contrato" inicial entre el ayuntamiento y Gestora de Activo Funerarios, empresa perteneciente a Mapfre a la que se adjudicó el contrato en el 2002.
El ayuntamiento acordó hace dos legislatura prestar el servicio de incineración vinculado al cementerio municipal. Se convocó un concurso y la única empresa que se presentó fue la del grupo Mapfre. El contrato inicial se formalizó con un coste del servicio de 360 euros por incineración y una inversión de 300.000 euros por parte de la empresa para la construcción de las dependencias del horno crematorio.
CAMBIO EN EL PROYECTO Pero este coste de 300.000 euros se elevó hasta 800.000, debido, según argumentó la empresa, a que el edificio se tuvo que reubicar, a la acometida de servicios necesarios y a que se incorporó al proyecto la construcción de dos salas velatorio. Ese mayor coste en la inversión debe tener una repercusión en lo que se cobra al usuario. Pero el problema en este caso es que la variación en el proyecto y el incremento de los costes no siguió ningún procedimiento administrativo ni se tramitó un expediente con la autorización del órgano que es competente en la contratación municipal. Miguel López recordó que el expediente "se está conformando ahora" y reconoció que se da "un doble problema", ya que no se pueden autorizar unas tarifas cuando el contrato se modificó sin seguir el procedimiento, pero tampoco se puede causar un perjuicio a la empresa que "podría litigar contra el ayuntamiento si ve mermado su interés económico".
OBRAS EN VIAS En la comisión celebrada ayer, el grupo popular advirtió de que está pendiente la ejecución de obras de mejora en vías que Demarcación de Carreteras cedió al consistorio. Cuando se acordó esta entrega, por parte de Fomento se dio luz verde a inversiones de mejora de estas vías. El edil del PP, José Joaquín Rumbo, recordó que estas obras las tiene que contratar el ayuntamiento "y se corre el riesgo de perder el dinero si no se agilizan los trámites", indicó.
Una de estas actuaciones, la mejora de una de las vías de acceso al recinto ferial, se verá en la mesa de contratación que se celebra hoy, en la que se abrirán las plicas con las empresas que se presentan para su ejecución. Además de esta actuación, hay otras para la mejora del ramal de acceso a la residencia asistida y al centro penitenciario, de reforma del tramo de la calle Argentina que está entre el cruce de la calle Juan XXIII y la prolongación de la avenida de Virgen de Guadalupe, la adecuación de un tramo de la N-630 a la altura de la gasolinera del Pasarón y un ramal de acceso a la urbanización de Los Castellanos.
Rumbo también preguntó ayer al presidente de la comisión por la ampliación prevista del parque del Príncipe, "qué terrenos son esos 100.000 metros cuadrados, qué inversión y qué administración lo va a pagar".
López recordó que la superficie prevista para la ampliación, 10 hectáreas, sale de las estimaciones de los servicios municipales y que se trata de uno de los proyectos que en materia de infraestructuras tiene previsto su departamento, recordando que es un actuación a acometer en varias fases y que hay todavía algunas de las zonas de esta ampliación que hay que obtener dado que su titularidad no es todavía del ayuntamiento.
