Los inmuebles que tiene previsto liberar el Banco de España en su plan de reestructuración de oficinas provinciales, entre ellos el de la capital cacereña este año, serán destinados a dependencias de la Administración General del Estado, según una respuesta escrita del Gobierno al parlamentario socialista Javier García Breva.
El Gobierno explica en su contestación que este uso ha sido decidido por parte de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, del Ministerio de Hacienda.
El Banco de España emprendió en el ejercicio 2002 un plan, dividido en tres fases, para reestructurar sus oficinas en toda la geografía española, con el cierre en ese ejercicio de las instalaciones ubicadas en las ciudades de Avila, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Lérida, Lugo, Palencia, Segovia, Soria y Teruel.
Antes de acabar el año 2003 clausuró otro grupo de oficinas, concretamente las situadas en Albacete, Almería, Burgos, Huelva, Huesca, Jaén, Orense, Salamanca, Tarragona y Zamora, a las que se unirán, en el ejercicio 2004, las de Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, León, Pontevedra, Santiago y Vitoria.
NUEVO MAPA Tras este proceso, el Banco de España pretende contar con una sola sucursal operativa por cada comunidad autónoma, salvo Andalucía, que tendrá oficina en Sevilla y Málaga; el País Vasco, con sucursales en Bilbao y San Sebastián; Canarias, con instalaciones en las islas de Las Palmas y Tenerife; y la Comunidad Valenciana, con dependencias abiertas en Valencia y Alicante.
A ellas se unirán las oficinas situadas en las ciudades de Ceuta y Melilla, lo que dejará reducido a 23 el número de representaciones del Banco de España en toda la geografía nacional, incluida la oficina central de Madrid, que concentra a la mayor parte de la plantilla de esta institución financiera.
