La portavoz del grupo de CáceresTú (Podemos), Consuelo López, criticó ayer "la negligencia" y "la mala gestión" del gobierno local (PP) en el pago del justiprecio de la expropiación de 5.186 metros cuadrados propiedad de Mego que el consistorio tuvo que conseguir, a raíz de que la empresa pidió el 11 de marzo de 2005 el comienzo del expediente, porque en el plan de urbanismo se reservan como parte del viario que tendrá que conectar en un futuro la ronda de San Francisco con la ronda este. Ese error denunciado ayer por CáceresTú (Podemos) es porque la alcaldía, en una resolución del 18 de mayo de 2012, compensó con la empresa parte del pago del justiprecio, en total 416.212 euros que Mego debía al ayuntamiento de IBI y del impuesto de Plusvalía.

Esa compensación se anuló por el Consejo Consultivo de Extremadura en diciembre de 2015 porque se realizó sin tener en consideración que sobre los terrenos expropiados había una carga, una hipoteca a favor del Banco Santander, entidad financiera que era la primera en cobrar el justiprecio, que se cuantificó por el jurado autonómico en 1.792.183 euros en noviembre de 2011, cantidad que no incluye los intereses. El importe del principal de la hipoteca es superior a esa cifra. López reclamó ayer "responsabilidades políticas y técnicas" por una compensación errónea que con su anulación dejaba al ayuntamiento sin 416.121 euros.

El gobierno, que el jueves a preguntas de este diario declinó pronunciarse sobre este asunto, sí explicó ayer detalles del acuerdo negociado en los últimos meses y que contó con el beneplácito del juzgado de lo Mercantil en un auto del 7 de abril. En la negociación se ha intentado que el acuerdo de compensación se mantuviese. La intención del gobierno es pagar 615.107 euros, todos serían de los intereses del justiprecio (en esta cifra no entrarían los 416.121 de la parte del justiprecio que se compensó, como publicó el viernes este diario, dado que la intención del gobierno es desde el principio salvar la compensación). De esos 615.000 euros que se ponen para cubrir parte de los intereses del justiprecio, 124.000 van al concurso de acreedores de Mego y el resto se destinan a afrontar todo el principal de la hipoteca del Banco Santander.

Pero el auto del juzgado de lo Mercantil ponía dos condiciones para que se aceptase esta solución. Una era que el acuerdo fuese homologado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el que se había iniciado un proceso para anular la compensación de deuda, pero el juzgado, en un auto dictado hace unos días, ha rechazado la homologación, lo que vuelve a dejar en el aire la compensación y los 416.121 euros.