La primera intención del ejecutivo fue que los cambios en los trayectos se pudiesen aplicar el 1 de diciembre, pero deberá esperar, ya que tendrá que dictaminarse en la comisión local de Contratación y aprobarse por el pleno. La junta asumió en septiembre parte de las competencias del pleno, pero los cambios afectan a una concesión de un servicio, la gestión del autobús, cuyos precios se revisan al suprimir turnos, que dura más de cinco años y mueve más de seis millones al año.
La junta local de gobierno decide sobre contratos de servicio o gestión que no excedan del 20% de los recursos ordinarios del consistorio ni duren más de 5 años.
