Canal de Isabel II ha pedido una revisión del contrato que mantiene con el ayuntamiento para la gestión del abastecimiento y la depuración del agua. Los motivos son que se ha producido un aumento de costes, como el de personal con una subida de la masa salarial de un 11% a raíz de sentencias que han dado la razón a los trabajadores, y se ha reducido el número de metros cúbicos facturados, el agua que se vende y por la que pagan los usuarios (en el anteproyecto de explotación del servicio, que partía de datos de 2009, se calculó que el aumento anual sería del 0,25%, previsión que se realizó en base al comportamiento de años anteriores al estudio y que no se estaría cumpliendo).
La primera consecuencia de una revisión en el contrato es la modificación de la tasa que paga el usuario y que es con la que se mantiene el servicio. Hay fórmulas alternativas, como ajustes en el contrato o que las pérdidas se asuman con cargo a una subvención municipal. No obstante, en el pliego de condiciones que sirvió de base para la adjudicación del contrato se establece que, salvo causas que se especifican, no se puede pedir el mantenimiento del equilibrio económico y financiero de la concesión hasta transcurridos cuatro años desde el comienzo de la prestación del servicio (Canal empezó en marzo de 2015, por lo que no toca revisión de tarifa hasta 2019).
Pero esto es la teoría, ya que en la práctica este plazo estaría cumplido si el concurso hubiese tenido una tramitación normal, ya que los pliegos son del 2010, año en el que las empresas elaboraron sus ofertas con sus previsiones sobre los costes e ingresos. Además se adjudicó primero a Acciona, que estuvo entre 2012 y marzo de 2015 y que intentó una actualización de la tasa con el IPC que se denegó, incluso con informe del Consejo Consultivo de Extremadura. En circunstancias normales, la revisión tocaba en 2015 o 2016 con cálculos sobre costes e ingresos que partían de datos de 2009. A favor de no tener que revisar ahora la tarifa está que todas las empresas, incluido Canal de Isabel II, aceptaron que mantenían sus ofertas cuando en el año 2014 se tramitó por segunda vez la adjudicación del concurso del agua.
Ni la empresa, ni el gobierno ni la oposición hablaron ayer de tarifa, pero sí se dio a conocer que Canal había pedido la revisión del contrato y detrás de la misma subyace como primera opción actualizar la tasa.
El portavoz del grupo socialista, Luis Salaya, y el concejal Andrés Licerán denunciaron ayer que Canal de Isabel II no está cumpliendo con su oferta ni con el pliego de condiciones en relación con la plantilla que debe tener el servicio. Se basaron en el informe que el jefe del servicio de Inspección Municipal elaboró ante una solicitud del grupo socialista sobre si las empresas cumplen con las plantillas a las que están obligadas por los pliegos de los concursos.
EL INFORME Una de las conclusiones del informe es que Canal de Isabel II ofertó una plantilla de 98 trabajadores (96 en el pliego) y en la actualidad hay 89. Licerán recordó que el informe se solicitó hace seis meses y que no pasó por la comisión de Fomento hasta su reunión de ayer, además subrayó que la información no está completa porque faltan los datos de Talher (la empresa que tiene el contrato de los parques y jardines, cuarto en importancia). Salaya criticó la pasividad del gobierno local porque a Canal se le paga por una plantilla de 98 trabajadores cuando los que realmente hay son 89.
Desde el gobierno se aseguró que se está tramitando un informe sobre si está justificado el incumplimiento de la oferta y que en el caso de que no lo esté se abrirá expediente a la empresa.
En la revisión del contrato que pide la empresa se justifica que la falta de personal se suple con el incremento salarial a los trabajadores con el que se encontró cuando en marzo de 2015 inició su gestión. Ese aumento se produjo tras la sentencia del TSJEx que estimó el recurso presentado por los servicios jurídicos del sindicato UGT en representación de los trabajadores y que confirmó el Supremo.
La sentencia obligaba a aplicar la subida anual del IPC pactada en el convenio colectivo que se firmó en la anterior etapa de Canal al frente del servicio y a que los trabajadores recuperasen el 5% que se les descontó de sus salarios en 2010. Desde finales de 2015, Canal está aplicando el convenio estatal del sector del agua, lo que conlleva recortes en la ayuda social, según se precisó desde el comité de empresa, que recordó que ya se ha interpuesto una demanda ante el juzgado de lo Social.
