Canal de Isabel II ha contratado con la consultora PW Advisory & Capital Services la redacción de un informe pericial que puede cuestionar las condiciones económicas con las que se adjudicó la concesión del agua a la compañía de la comunidad de Madrid. Lo llamativo puede ser que se busca verificar si el ayuntamiento adeuda 3,5 millones de euros a la empresa de la anterior concesión. Pero lo que importa es que este informe puede desmontar los datos que ofreció el ayuntamiento para contratar el servicio y con los que las empresas hicieron sus ofertas económicas. El ayuntamiento no está obligado a aceptar el peritaje que le presente la compañía, pero la empresa puede ir a la vía judicial. Lo que está en juego es que el juzgado determine si cabe una compensación económica a la empresa y si finalmente esta decisión puede acabar repercutiendo en la tarifa que pagan los ciudadanos.
La concesión del servicio de abastecimiento y depuración del agua se adjudicó en 2015 en base a un antreproyecto de explotación y un plan económico financiero, documentos con los que las empresas que se presentaron al concurso elaboraron sus ofertas económicas, propuestas que determinan lo que los usuarios pagan por el agua. No obstante en esta adjudicación se dio la circunstancia de que el servicio se contrató con Canal de Isabel II con unas condiciones que se habían puesto cinco años antes, aunque la compañía de Madrid, al igual que los otros tres licitadores, aceptó esta particularidad.
PRIMER AÑO / Solo había pasado un año y en 2016 la empresa ya le dijo al ayuntamiento que entre lo que se decía que se iba a facturar y la cifra real había una diferencia de más de medio billón de litros. Es decir, la empresa tenía que haber ingresado por venta de agua 12,2 millones y lo que entró en caja fueron 11. Su estimación de costes, incluido el beneficio industrial, la había hecho en base a unos ingresos de 12,2 millones de euros. Por tanto: déficit, ruptura del equilibrio económico de la concesion y petición de la empresa al ayuntamiento de compensación y la primera opción es con la subida de la tarifa.
La compañía de Madrid hizo otro intento en 2018, pero el ayuntamiento se ha escudado en que las condiciones de la adjudicación impedían revisiones hasta pasados cuatro años, hasta 2019, y en un informe de control financiero de la concesión del agua que el ayuntamiento contrató con la consultora Ernst&Young.
LA RECLAMACIÓN / El paso siguiente que ha dado Canal de Isabel II es encargar un peritaje con un doble objetivo. Uno da un titular fácil y es que la empresa reclama al ayuntamiento 3,5 millones de euros de las revisiones del contrato del agua de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Esto se explica porque Canal de Isabel II tuvo la concesión del servicio entre los años 1995 y 2011 y en los últimos cuatro no se habría cumplido la condición del contrato de mantener el equilibrio de la concesión y que la empresa recibiese una compensación, una reparación económica que en años anteriores se hacía con la revisión de la tarifa que pagan los usuarios. Frente a esta reclamación de la empresa, el ayuntamiento puede objetar que no cabe. Canal hace una primera estimación que está entre los 1,5 millones del ejercicio de 2008 y 266.298 euros de 2011. En total son 3,5 millones de los 4 años.
El otro y principal objetivo cuestiona los números que sobre ingresos y costes puso el ayuntamiento cuando sacó el contrato a licitación. Esta concesión se adjudicó por un periodo de 24 años, tiempo en el que, si se llega hasta el final, moverá unos 300 millones.
El informe pericial tendrá que determinar si los supuestos económicos ofrecidos por el ayuntamiento se han mantenido desde la adjudicación del contrato y el impacto económico que el desequilibrio haya causado a la empresa. Además, según las condiciones en las que la compañía de la comunidad de Madrid contrata este servicio, se debe determinar si con las actuales tarifas la empresa podría durante los veinticuatro años de la concesión amortizar la inversión a la que le obliga el contrato, cubrir los gastos de explotación y obtener un margen para el beneficio industrial. La empresa se quiere armar de argumentos para pedir al ayuntamiento una compensacion por el déficit y que esta se haga por medio de la tarifa, que es la primera opción para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
Precisamente en el informe pericial se tendrá que hacer una propuesta de modificación de la concesión en la que se recoja un sistema de revisión de la tarifa, que no se modifica desde 2012, de acuerdo con las condiciones del contrato y «conforme con las prácticas del sector». El peritaje también obliga a la consultora a contestar las alegaciones que pueda presentar el ayuntamiento sobre sus resultados y a la ratificación de los mismos en sede judicial. Además se tendrá que hacer un informe contradictorio del que el ayuntamiento encargó a Ernst & Young.
Al concurso que convocó Canal de Isabel II se presentaron cinco consultoras. La propuesta de adjudicación recayó en la propuesta presentada por PW Advisory & Capital Services por un importe 152.000 euros.
