El plomo será un asunto prioritario en la agenda del otoño cacereño. Los ciudadanos quieren darle jaque mate tras descubrir que este metal pesado, realmente peligroso para la salud, está en las conducciones de algunas casas pese a su prohibición hace 38 años. La pasada primavera saltó la alarma al detectarse una acometida de plomo en la sustitución de un contador de la Ciudad Monumental. La zona entera se ha movilizado para buscar soluciones. La inquietud ha llegado a otros barrios cuyas conducciones son anteriores a 1980, como San Blas, Santa Lucía, Llopis Ivorra o Antonio Canales, que preparan una próxima reunión de coordinación.
No puede haber tregua con el plomo. La Organización Mundial de la Salud dice que no existe riesgo bajo, que no hay un nivel seguro de exposición porque se acumula en el organismo (cerebro, hígado, riñones, dientes, huesos...). Los niños y mujeres embarazadas se muestran especialmente vulnerables. La legislación española es más permisiva y eleva el umbral máximo de plomo en agua a 10 microgramos/litro (ug/l). Algunas casas de la Ciudad Monumental que ya han realizado controles por su cuenta, llegan a 80 y hasta 122 ug/l.
La Administración tampoco ha hecho bien las cosas. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, recogía la obligación, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, de que todas las administraciones realizaran campañas de información y de localización de las tuberías de plomo antes de 2012, incluso analíticas de agua. En Cáceres no se llevó a cabo. Desde hace tres meses también han existido diferencias sobre el modo de solucionar este asunto entre vecinos y ayuntamiento. Pero parece que en otoño comenzará a encauzarse el problema.
Y ello porque durante la última reunión mantenida entre los residentes de la Ciudad Monumental y el consistorio, éste aceptó llevar a cabo las analíticas en las viviendas siguiendo la directiva europea 1787/2015, tal y como solicitan los vecinos, por entender que es la más adecuada para detectar la presencia de determinados parámetros químicos. En torno a 170 inmuebles se han apuntado a estas pruebas que facilitará el ayuntamiento sin costes. Según el presidente vecinal de la Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, el listado ya se encuentra en manos del consistorio y en él hay viviendas de varias zonas del casco histórico y aledaños (Santiago, Caleros, plaza Mayor...). Solo cabe esperar que comiencen los análisis.
AVISOS DE CANAL / Paralelamente, la empresa concesionaria del servicio de agua en Cáceres, Canal de Isabel II, está enviando cartas a los vecinos del distrito. Dichas misivas están relacionadas con la revisión visual que sus técnicos realizaron en unas 200 casas al conocerse la existencia de plomo. Un vistazo al material del tubo que entra en el contador detectó que en 40 casos estaba hecho de plomo, según datos conocidos por el colectivo vecinal. Y es que el problema suele radicar en la acometida que va de la general a la vivienda, puesto que los interiores de muchos inmuebles están por completo renovados, y la red general no tiene plomo desde hace años.
En las cartas, el Canal informa a quienes registran acometidas de plomo sobre esta circunstancia, les detalla el límite máximo permitido en el agua y les insta a «adoptar las medidas que considere convenientes» para solventar la situación. Respecto a las tuberías interiores, aconseja «la consulta a un profesional competente» en caso de que el inquilino no tenga información sobre el material con el que están realizadas. La empresa ofrece este mismo consejo, también mediante cartas, a los inquilinos de las casas a las que los técnicos no pudieron acceder.
Una vez que se realicen las analíticas, los vecinos tendrán aún más claro si deben cambiar sus acometidas. Lo que no están tan asumido es quién debe correr con ese gasto. Un informe de la Secretaría General del ayuntamiento y otro de la Inspección Municipal de Servicios, concluyen que la responsabilidad es de los titulares de los inmuebles (el Gobierno local se ha prestado a estudiar ayudas). Los vecinos mantienen que la legislación es muy compleja y cambiante al respecto, y se apoyan en documentos. Pero de momento los esfuerzos se centran en conocer la realidad de cada casa.
Por su parte, la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres está pendiente de fijar fecha para una nueva reunión y determinar los pasos a dar en este mismo asunto. Hay diversas barriadas anteriores a la prohibición del plomo (Santa Lucía, Llopis, San Blas, Aguas Vivas...) que albergan más que sospechas sobre la existencia del metal en sus acometidas. Así lo explica el presidente de la agrupación, José Alberto Iglesias, quien ya ha presentado una instancia al ayuntamiento para solicitar que también se realicen analíticas en otras barriadas.
