ser mujer y discapacitada lleva aparejado un aumento en la problemática laboral que se traduce en "una doble discriminación". Es el punto de partida y la principal conclusión del estudio realizado por Cristina García, responsable de temas de discapacidad en el sindicato UGT y autora del Proyecto de investigación sobre la mujer con discapacidad en las empresas de inserción que analiza la situación en los centros especiales de empleo de la ciudad. Los datos recopilados en los cuatro meses de trabajo avalan su tesis de partida. Así, el 69% de la mujeres que han participado en la muestra no habían trabajado en los 12 meses previos a su incorporación a un puesto en el centro especial de empleo --"el año antes de entrar al centro o estudiaban o estaban en casa", recoge el estudio-- y el 81% de las mujeres con discapacidad tienen la percepción de que la deficiente información y el desinterés están detrás del escaso número de contrataciones de personas con diversidad funcional en la empresa ordinaria.
El estudio contó con la participación de las mujeres que trabajan en los centros especiales de la ciudad, especialmente los que tienen una mayor presencia de mujeres --Cocemfe y Fitex, donde el 50% de la plantilla son mujeres--. También han participado la Once y manufacturas Norba.
MAS DE 34 AÑOS El perfil de la mujer que protagoniza este trabajo, y que por tanto accede al empleo en los centros especiales de la ciudad, es el de una mujer de más de 34 años, con estudios universitarios --un 42% los han cursado-- que vive en pareja y lleva más de un año en ese trabajo: un 90% lleva más de dos, un 75%lleva más de cinco años y un 26% lleva más de diez años.
"Las mujeres con discapacidad tienen peores puestos de trabajo, peor remunerados y con menor responsabilidad, respecto al hombre con discapacidad", asevera Cristina García, que lamenta que además "sigue existiendo una sobreprotección por parte de la sociedad hacia la mujer discapacitada".
La percepción de la discapacidad por parte del empresariado supone además, según la autora del estudio, una barrera añadida. "Los empresarios no saben si una persona con discapacidad puede desarrollar una tarea concreta, consideran que no va a ser rentable y temen que la discapacidad pueda llevar aparejado un absentismo laboral", señala la investigadora, que considera además que este tipo de prejuicios se acentúan en núcleos urbanos más pequeños y poco industrializados como es el caso de Cáceres. "Las mujeres discapacitadas tienen escasas o nulas posibilidades de acceder al mercado de trabajo, percibir ingresos y mejorar su situación", asevera.
Las conclusiones de este trabajo, que se presentaron ayer, se han hecho llegar al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), que lo incorporará como herramienta "técnica y de sensibilización", señaló la concejala del área, Marisa Caldera.
