Los residentes de la urbanización Ceres Golf afrontarán el coste de las obras para que sus aguas residuales se depuren. La solución que manejan es la conexión de la red interior de la urbanización con la general en La Cañada. Para ello habrá que construir un colector que iría en uno de sus tramos por el arroyo Santa Ana y en otro junto a las vías del tren, comentó Fernando Graña, representante vecinal. Se estima un coste de unos 250.000 euros y se tendrá que contar con el permiso de la Confederación del Tajo y de Adif. También participarían en su financiación el club deportivo y social del campo del golf y Vía Ceres, empresa que ha adquirido el edificio del hotel.
El campo de golf se inauguró en 1993 y después se construyó el hotel y las casas, proyectadas inicialmente como segundas residencias o alojamientos turísticos, aunque en la práctica en la mayoría de los casos son los domicilios habituales de los propietarios. Desde hace más de quince años no se depuran las aguas residuales de esta urbanización, la depuradora que se instaló no llegó a funcionar y las aguas residuales se vierten sin depurar al arroyo de Santa Ana, lo que ha motivado sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La licencia de obra para la construcción de las primeras viviendas se concedió en febrero de 1996 y en 1998 ya había vecinos viviendo en la urbanización. Hay 257 unifamiliares.
La última resolución judicial, que es de noviembre, obliga a los vecinos a costear las obras para la depuración de las aguas. Es el último paso en la vía contenciosa que se inició contra el consistorio y Progemisa y Cáceres Ceres Golf, promotoras de la urbanización, aunque los vecinos no descartan abrir ahora la vía penal porque se dio licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad cuando se carecía de un servicio básico como es la depuración de agua residual.
Graña comentó ayer que la comunidad de vecinos ha contactado con dos despachos de abogados para que vean la viabilidad de que se inicie una causa penal "contra quien corresponda".
El representante vecinal recordó que mañana se celebrará una reunión entre los vecinos y el ayuntamiento para conocer en qué se concreta la oferta de ayuda ofrecida por la alcaldesa, Elena Nevado, en julio, cuando se hizo pública la sentencia del juzgado que desestimó el recurso que los vecinos presentaron contra la resolución de alcaldía que les obliga a solucionar el vertido de aguas residuales y que les daba un plazo de 6 meses, ya que en caso contrario lo haría el consistorio subsidiariamente.
La propuesta que manejan los vecinos para dar una solución a los vertidos con la conexión de su red interior a la general en La Cañada ronda los 250.000 euros, por debajo de la propuesta planteada por el consistorio hace dos años, que calculó 714.000 euros.
Si el contencioso por los vertidos está cerrado, no pasa igual con el segundo de los frentes abiertos por esta vía. En este caso es por la recepción de la urbanización que los residentes demandan al ayuntamiento. El juzgado de lo Contencioso, en una sentencia de diciembre, desestima la reclamación de los vecinos, que han recurrido.
