Tras tres sesiones de debates, y también disputas, la comisión de Economía y Contratación comenzó a atisbar el consenso en cuarta sesión, que se celebró ayer, y en la que se debían conocer los informes técnicos y de intervención, encargados a las enmiendas presentadas en la reunión anterior por el Partido Popular a los pliegos del próximo concurso del agua. "En estos momentos hay más puntos que nos unen que que nos separan", destacó el portavoz del gobierno, Lorenzo de la Calle, el término de la sesión de ayer. Se había logrado consensuar el pliego de condiciones técnicas, al que se han incorporado las enmiendas del PP, aunque con algunos matices sobre las mismas. Por eso en las filas del PP también se hablaba de consenso, al menos en cuanto a esas condiciones técnicas.
La cuarta sesión se dedicó a pulir cada una de esas enmiendas, en función de las consideraciones aportadas por los informes técnicos. "Algunas se aceptaron y en otras el ha clarificado algunos términos al hilo de lo que planteaban esos informes", dijo De la Calle. Todas las modificaciones que se introdujeron, en todo caso, son de carácter técnico y de escaso calado, como la de tener que avisar con 24 horas de antelación cuando se vaya a hacer una inspección, de la que se ha suprimido, el tiempo máximo de 24 horas con el que se debe avisar. Entre las que se aceptaron, están que los profesionales deben llevar un libro de reclamaciones. "Son retoques técnicos que se han perfilado para mejorar los pliegos", destacó De la Calle, que insistió en el "interés" que ayer mostraron todos los grupos en consensuar los pliegos. Por eso el edil de Economía confía en que si las sucesivas comisiones transcurren en el clima de la de ayer, el contenido del expediente del nuevo concurso del agua estará completamente estudiado y aprobado en julio.
Además de los informes a las enmiendas del PP, los técnicos aportaron también ayer algunas rectificaciones al anteproyecto de explotación, en el que no se ha entrado aún a fondo y que se abordará en la próxima sesión de esta comisión mixta, prevista para el jueves, 1 de julio. Todos los grupos deberán acudir a ella con las enmiendas que consideren oportunas al pliego de cláusulas administrativas particulares. A ellas se ha adelantado IU, cuyo concejal, Santiago Pavón, entregó ayer el documento con las consideraciones de su partido. Proponen que la empresa que se haga cargo del servicio del agua tenga que seguir los mismos controles en la contratación del personal que el ayuntamiento, y que se dé cuenta de los mismos a la corporación. Otra enmienda reclama que los trabajadores del ayuntamiento que trabajaban en el servicio de agua cuando era municipal, y que hace 15 años se incorporaron a Canal de Isabel II, adjudicataria de la gestión del servicio, no puedan ser despedidos por decisión de la empresa. La última enmienda de IU solicita que se extremen los controles para evitar "subidas a capricho" de la empresa que resulte concesionaria.
LA TARIFA Otra de las cuestiones que se debe abordar en las próximas sesiones es la cuánto debe subir la tarifa del agua, algo que depende de distintas cuestiones --el coste final del servicio, el canon y las obras a financiar con cargo al contrato-- pero que el gobierno da por hecho (de hecho el anteproyecto de explotación parte de una hipotética subida del 35%) "La tarifa tiene que subir, porque tenemos un precio menor que otras ciudades con menos costes", justificó Lorenzo de la Calle.
La subida y los costes del servicio han sido uno de los principales puntos de fricción en la comisión, y no parece que la situación vaya a cambiar. "La unanimidad se perfila más complicada en este apartado", advirtió ayer la portavoz del PP, Elena Nevado. El PP parte de contabilizar a toda la plantilla que tiene en estos momentos la empresa adjudicataria, Canal de Isabel II, un centenar, mientras que los pliegos parten de una plantilla inferior a la actual; aunque todos los grupos están por la labor de que la plantilla actual continúe en el servicio.
