La desestimación por el juzgado de la reclamación de Acciona por la liquidación del contrato del agua parecía que ponía fin, al menos hasta que se resuelva el recurso de apelación que se presente, al concurso de concesión más controvertido y complejo de todos los que ha convocado el ayuntamiento. Pero no será así, aún habrá más capítulos en esta historia que se inició en agosto de 2010.

Ese verano se sacó a concurso la concesión del abastecimiento y depuración del agua por 24 años y un coste anual que se estimó en 12 millones, aunque en el primer año de Canal de Isabel II Gestión los ingresos han sido de 11. Desde agosto de 2010 se han sucedido alegaciones, reclamaciones administrativas, empresas que se excluyen del concurso y que luego se readmiten, anuncios de dimisiones, rupturas de disciplina de voto, nuevas valoraciones de las ofertas, resoluciones de tribunales administrativos, recursos, autos, sentencias del juzgado de lo Contencioso y del TSJEx, acuerdos de adjudicación, suspensión de los mismos, liquidaciones de contratos, anticipos del exceso del canon inicial... Todos los años, una novedad.

Pero cuando parecía que se recuperaba la normalidad que tenía que haberse dado desde finales de 2010, el gobierno local anuncia esta semana que está dispuesto a romper el contrato que en marzo de 2015 se firmó con Canal, en lo que fue la segunda formalización de su adjudicación tras la primera en diciembre de 2011, entonces con Acciona.

LA RUPTURA del contrato llevaría a un nuevo concurso y seguramente a otro proceso en los tribunales para resolver el importe de la liquidación de la relación. No obstante, es muy difícil que esa resolución se produzca. Aunque el ayuntamiento ha denunciado que Canal incumple condiciones del contrato, ninguna tiene una gravedad tan extrema para que ponga en peligro la prestación del servicio y se tenga que llegar a la ruptura. No obstante, la no observancia de algunos de los requisitos, como el de la plantilla propuesta por Canal, sí puede afectar al cumplimiento de trabajos incluidos en la oferta de la compañía, como ha reconocido la propia empresa.

Salvo que una de las partes esté interesada en romper, lo normal es que haya un acuerdo, aunque luego se aplique una sanción porque hay requisitos del contrato por desarrollar que ya no se pueden cumplir en el plazo marcado. El importe de la sanción dependerá de los incumplimientos que Canal no pueda justificar. El ayuntamiento habla de once y califica algunos como graves (la multa por cada infracción grave es de hasta 36.000 euros).

Con el precedente de la sentencia del juzgado por la liquidación de Acciona, la ruptura con Canal, si el juez vuelve a aceptar los criterios del ayuntamiento, no sería muy dolorosa para el consistorio, salvo por una cuestión: tendría que devolver a Canal la parte del canon inicial de 30 millones aún no amortizada, que es casi todo, y también la del exceso del canon inicial, del que la empresa ya ha pagado 4 millones. Para poder hacerlo se tendría que adjudicar otra vez el concurso para que la nueva compañía aporte el dinero al ayuntamiento con el pago de otro canon inicial.

Con la ruptura, Canal perdería un negocio que a la larga es seguro al tener garantizado el beneficio industrial, pero que a corto no lo es porque los costes superan los ingresos, según los datos que aportó la empresa cuando pidió al ayuntamiento la subida de la tarifa, un incremento que no obstante, y según el pliego del concurso, no se podría afrontar hasta 2019.