Acciona pidió ayer al juzgado de lo Contencioso-Administrativo que suspenda el acuerdo del pleno de la corporación local de iniciar un nuevo concurso para adjudicar la gestión del agua. Esta petición es una medida cautelar hasta que se resuelva el recurso que ayer presentó Acciona contra acuerdos que el pleno de la corporación tomó los días 7 y 17 de marzo. Es la segunda vez que el concurso va al juzgado.

La reclamación de Acciona se esperaba por ser la más afectada por dichos acuerdos. La empresa recurre la decisión del 7 de marzo de no adjudicarle provisionalmente el concurso, pese a ser la propuesta por la mesa de Contratación del ayuntamiento, y la decisión tomada el 17 de proceder al desistimiento del concurso y al inicio de uno nuevo.

La empresa pide la anulación de ambos acuerdos. El del 7 de marzo porque, entre otros argumentos, se pudo aprobar la adjudicación a Acciona con los 12 votos que respaldaron la propuesta de la mesa, dado que para esta decisión no es obligatoria la mayoría absoluta, según precisaron ayer fuentes de la compañía.

Este argumento se desarrollará en la demanda que se va a formalizar, en la que se pedirá al juzgado que se anule el acuerdo, que se decida que Acciona debió ser la adjudicataria y que el concurso siga hasta su resolución.

Para tener la mayoría absoluta en el pleno se necesitan 13 votos. En la sesión del 7 de marzo PSOE y FC (12) respaldaron la adjudicación a Acciona, el PP (otros 12) se abstuvo e IU (1) se opuso.

SEGUNDO ACUERDO La anulación del acuerdo del 17 de marzo se basa en que no hubo en el trámite del concurso una infracción insubsanable, que es la condición para que se pueda decidir el desistimiento de un proceso.

Según precisaron las fuentes de Acciona, el secretario general y el interventor del ayuntamiento informaron en el pleno del 17 de marzo que el expediente del concurso se tramitó conforme al pliego de condiciones y por tanto ajustado a derecho. Los altos funcionarios informaron con sus intervenciones en contra del desistimiento y el acuerdo del 17 es un acto administrativo ilegal, reiteraron las fuentes citadas.

La decisión de proceder al desistimiento, lo que significa la finalización del concurso, y a convocar uno nuevo se tomó tras la presentación de una moción del PP que tuvo los 12 votos de sus concejales más el de IU. PSOE y FC, ambos partidos están en el gobierno y suman 12 concejales, se opusieron a la moción del PP.

La petición de la medida cautelar de suspender la convocatoria de un nuevo procedimiento se basa en que si se tramita otro concurso el recurso queda vacío de contenido, ya que en caso de que la sentencia sea estimatoria podría quedar sin efecto o si se ejecutase sería muy costoso para el ayuntamiento, dado que varias empresa tendrían unos derechos adquiridos y podrían exigir unas indemnizaciones elevadas.

Otro argumento para defender esta medida cautelar es que la prestación del servicio no se interrumpiría, dado que actualmente lo presta Canal de Isabel II con una encomienda de gestión. La misma petición de suspensión cautelar de la convocatoria de otro concurso también se presentó ayer en el ayuntamiento.

El gobierno local no ha ejecutado todavía esta decisión, ya que duda de la legalidad de los acuerdos tomados el 17 de marzo.

La anterior vez que el concurso del agua fue al juzgado de lo Contencioso fue en diciembre cuando Canal de Isabel II solicitó la suspensión cautelar de la decisión de la mesa de Contratación de sacarla del concurso. El juzgado aceptó y Canal de Isabel II siguió dentro del proceso.