Tenía seis hijos menores de edad, aunque solo cinco vivían con ella en la ciudad de Cáceres ya que la mayor, de 16 años, se había quedado en Rumanía, país del que procede. Su situación le había llevado a solicitar la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cáceres en varias ocasiones, que tramitó a su favor varias ayudas. No fue, según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, hasta que se quedó embarazada de su último hijo, en agosto del 2017, cuando comenzó a desatender a los cuatro que ya tenía. No los llevaba al colegio, los dejaba solos en casa y era el mayor de ellos, de diez años, el que se encargaba de sus tres hermanos. Les daba de comer y hacía las tareas de casa.
El colegio, ante las faltas de asistencia de sus hijos se reunió con la madre. Ella les planteó la dificultad que tenía de llevarlos al centro por su estado de gestación. Ante esta situación se inició el protocolo de absentismo que fue puesto en conocimiento de la Junta de Extremadura y de los servicios sociales, con el objeto de que se solucionara el problema que les había planteado la progenitora, pero no se llevó a cabo ninguna actuación por parte de la administración. Así ocurrió hasta en dos ocasiones.
Revisiones de su embarazo
La mujer tampoco se encargó de realizarse las revisiones de su embarazo, como había hecho con los anteriores. Y dio a luz en su propia casa, asistida por su hijo de diez años. Este pidió ayuda a una vecina, que llamó a los servicios médicos y fue trasladada al hospital. Aquí fue alimentado con leche materna pero cuando regresaron al domicilio ella volvió a desentenderse del bebé. Era su hermano el que se encargaba, incluso se ponía una alarma en el móvil para dar el biberón al recién nacido por las noches, pero lo hacía de forma insuficiente porque desconocía las proporciones de leche y agua que debía poner en el biberón.
Un día, al llegar a casa la acusada, llamó a su madre para que se personara en el domicilio. Al llegar se encontró al bebé con claros síntomas de desnutrición. La conminó a llevarlo al hospital. Ella, señala la sentencia, «no mostró signos de preocupación». La evolución del menor ha sido favorable aunque tiene lesiones irreversibles (una atrofia cerebral y un retraso global del desarrollo motriz y cognitivo). De hecho a día de hoy, con casi tres años, el niño ni siquiera es capaz de hablar.
La Audiencia la ha condenado a diez años de prisión por cuatro delitos de abandono de familia (por cada uno de sus otros cuatro hijos) y por otro de asesinato en grado de tentativa. Además deberá indemnizar al bebé con un millón de euros. En esta sentencia el magistrado Valentín Pérez Aparicio emitió un voto particular en el que expresa que no se dieron las condiciones necesarias para declarar responsabilidad civil subsidiara a la Junta de Extremadura pero aclara que sí podría ser responsable patrimonialmente de lo que ha sucedido por no llevar un control de los menores.
