El portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, anunció ayer que el ayuntamiento solicitará a la Junta que pague la tasa del agua de los inquilinos de sus viviendas sociales que no puedan afrontar el abono del recibo. Para esta reclamación se apoyará en el artículo de la Ley de Haciendas Locales que establece que los propietarios de las viviendas son sustitutos del contribuyente. Se reclamarán cuotas del agua que estén sin abonar desde el tercer bimestre de 2015.

No son muchos recibos. Entre el tercer y el cuarto bimestre de 2015 (los que están en fase de apremio) no se llega a las 160 cuotas sin abonar en las 5 calles que tienen mayor concentración de viviendas sociales de la Junta, según las listas publicadas en el BOP de los usuarios que no han recibido la carta con la notificación del impago. La cifra total de impagos en esas 5 calles de esos dos bimestres no alcanzaría las 400 cuotas, ya que si se tienen en cuenta los datos del segundo bimestre de 2015, el 60% de las cartas notificando el impago se reciben, mientras que lo que se comunica a través del BOP es el 40% de los recibos impagados. Además en muchos casos el deudor se repite (parte de los que aparecen en el listado por deudas del tercer bimestre también están en el del cuarto).

La novedad es que se plantee la posibilidad de reclamar el pago a la Junta. Hasta ahora es el consistorio el que abona el recibo a los usuarios que no tengan recursos y que lo pidan al Instituto de Asuntos Sociales. A esta aportación se ha sumado durante las últimas semanas la subvención que se concede por la Junta con el decreto para que estén garantizados los servicios mínimos vitales. Lo que se propone ahora es que la Junta se haga cargo directamente del recibo como propietario del piso.

Antes de dirigirse a la Junta, el ayuntamiento vera cada uno de los casos de los usuarios que no hayan pagado. Si no pueden hacer frente al abono de la deuda, se pedirá a la Junta que lo pague.

Pero en los listados que se publican en el BOP también hay deudas de bloques de pisos sociales que promovió el ayuntamiento hace tres décadas, además están entre las deudas de mayor importe porque los contadores son comunitarios (estos pisos se adjudicaron, aunque hay casos, sobre todo en la mayoría de los que se promovieron en Aldea Moret, en los que no están firmadas las escrituras de propiedad).