La junta local de gobierno conoció en su reunión de ayer un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que obliga al ayuntamiento al pago de 1,5 millones de euros de los intereses del justiprecio de una expropiación que se inició en el año 2002, de esa fecha son los informes de valoración del terreno de los técnicos del ayuntamiento y la estimación del Jurado de Expropiación Forzosa. En el auto se da un plazo de 30 días para hacer efectivo el pago de los intereses, que no es el total derivado de este proceso, solamente es la parte en la que hay acuerdo entre el ayuntamiento y GP Promoción de Suelo, la empresa que era propietaria del terreno y que fue la que promovió el expediente de la expropiación. En 2014, por ejemplo, GP Promoción de Suelo reclamaba al ayuntamiento el pago de intereses por un importe de 2,5 millones.

Los terrenos que el ayuntamiento se vio obligado a expropiar a GP Promoción de Suelo son de la ampliación del Parque de Príncipe. Este caso es el más llamativo de los cuatro procesos de expropiación seguidos en esta zona, que con este nuevo pago ya han costado a la ciudad más de 30 millones. La empresa se constituyó en 1998 y en 1999 compró por 624.431 euros las fincas por las que ha obtenido del ayuntamiento, tras el justiprecio fijado en sentencia judicial, 6,3 millones de pago del principal --la cronología se explica en el gráfico--, cantidad a la que ahora se suman 1,5 millones a abonar de intereses.

El jueves, Podemos preguntó por otro de los procesos de expropiación de la zona. En este caso es el de una familia propietaria del terreno antes de que el plan de urbanismo lo reservase para el parque. Se denunciaba que se siguiese ocupando la casa del terreno expropiado cuando ya no eran los dueños y el ayuntamiento les había pagado tres millones por la expropiación. Tras el pago por el consistorio, se pactó dejarles seguir viviendo en la casa por un tiempo, doce meses, recordó Podemos, plazo que se ha superado. En enero pidieron más tiempo hasta el traslado a un nuevo domicilio. El ayuntamiento les ha instado judicialmente a que se vayan y han comunicado que se irán.