Un total de diez personas, relacionadas con supuestas empresas de cobros de morosos, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder, entre otros, de los delitos de extorsión, maltrato, asociación ilícita y continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

Para los acusados, Manuel G. C., José A. A. R., Pedro P. M., Ignacio F. P. A., Luis A. L., Adolfo D. J., José M. C. V., Benjamín B. D., Angel Ch. A. y Fernando B. A., que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Cáceres, solicita el Ministerio Fiscal penas de entre 3 y 5 años de prisión, y multas de entre 180 y 13.128 euros.

Los hechos ilícitos por los que serán juzgados se produjeron, en muy diferentes puntos de España, entre los años 1999 y el 2001, periodo en el que cometieron su actos delictivos en al menos una docena de casos, hasta que en enero del 2001 fueron detenidos por la Guardia Civil tras actuar en la localidad cacereña de Albalá del Caudillo.

Los acusados operaban a través de La sombra del moroso , una sociedad bajo la que actuaban las sociedades limitadas Asesoramiento y Cobro de Morosos, con domicilio social en Sevilla; Europea de Finanzas y Cobros, con domicilio en Madrid; y Eurofinanzas del Mediterráneo, con sede en Valencia, tres sociedades que los acusados Manuel G. C., José A. A. R. y Pedro P. M. habían creado el 3 de junio de 1997, el 9 de junio de 1999 y el 12 de julio de 1999, respectivamente.

El objeto social declarado de La sombra del moroso era el cobro de impagados, "pero a lo que se dedicaban era a obtener el cobro de cantidades adeudadas por personas consideradas morosas mediante el empleo de métodos violentos, coacciones, amenazas y otras actividades ilícitas", recoge el fiscal en su calificación provisional del caso.

Para ello, se añade, contrataban a su vez los servicios de terceras personas que actuaban como comerciales o gestores de cobro. Estos, "siguiendo las instrucciones de los responsables de las empresas, investigan la solvencia del moroso, domicilio, datos personales, laborales... para utilizarlos como medida de presión contra ellos, además de incluirlos en bases de datos carentes de control alguno por la Agencia de Protección de Datos, que desconocía su existencia".

HECHOS Y PENAS En la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil se pudo constatar que los acusados actuaron, entre 1999 y el 2001, "y utilizando cualquier medio que tuviesen a su alcance, incluidas las amenazas, las coacciones o la agresión física si era necesario", contra al menos doce empresas o particulares de diferentes puntos de España, como Talavera de la Reina, Don Benito, Granada, Almagro, Alcorcón o Albalá, localidad cacereña en que actuaron por última vez antes de su detención. Esta se produjo en Torre de Santa María por agentes de la Guardia Civil, a los que había denunciado el caso una de sus víctimas.

Por estos hechos, el fiscal pide para los acusados Manuel G. C., José A. A. R., Pedro P. M., Ignacio P. P. A. y Luis A. L., 5 años de prisión --3 por el delito de asociación ilícita y 2 por el de descubrimiento y revelación de secretos--, una multa de 13.128 euros y 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y para Adolfo D. J., José M. C. V., Benjamín B. D., Angel Ch. A. y Fernando B. A., 3 años de prisión por el delito de extorsión. A José M. C. V. y Benjamín B. D., les imputa además una falta de maltrato, por la que solicita se imponga a cada uno de ellos una multa de 180 euros.