La diputación dio luz verde ayer a la puesta en marcha de un pacto político y social contra el despoblamiento rural. Se trata del primer paso de una iniciativa que busca evitar la desaparición de los pueblos más pequeños. En la provincia cacereña el 70% de los municipios tiene menos de mil habitantes y hay comarcas, como las Villuercas, que cuentan con cinco habitantes por kilómetro cuadrado. Mantener esas poblaciones resulta muy complicado.
La creación de este plan surge tras la celebración en Montánchez de un congreso para abordar este asunto, en el que participaron diputaciones de toda España. Este problema lo comparten muchas comarcas del país pero, aún así, la provincia de Cáceres sigue siendo objetivo número uno de Europa en esta materia.
Por el momento el pacto no cuenta con un presupuesto marcado, pero con él se llevarán a cabo actuaciones que ayuden a mantener a sus habitantes en sus pueblos generando empleo. Se pondrán en valor las infraestructuras y se promoverá el turismo rural de cada localidad, entre otros asuntos. Se aprobó ayer en el pleno por unanimidad.
La sesión también dio luz verde a la creación de un servicio de asesoramiento a las personas en riesgo de ejecución hipotecaria. La iniciativa se pondrá en marcha a través de un convenio con la Junta de Extremadura y está dotado con 36.000 euros.
El punto más polémico fue la aprobación de la carrera profesional de los trabajadores de la institución provincial, que reconoce la antigüedad de los empleados, por lo que cobrarán entre 700 y 1.500 euros más al año.
intervención se opone / Su instauración salió adelante con los votos del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos (C’s), que decidieron no apoyar la medida porque cuenta con informes negativos de Intervención, al considerar que este incremento salarial «no se ajusta a derecho», según indicaron PP y C’s. «Se ha hecho una chapuza. Los empleados públicos tienen todo el derecho a cobrar la carrera profesional pero Intervención pone restricciones presupuestarias para hacer frente a su pago», reconoce el portavoz popular, Alfredo Aguilera. Para el diputado de Recursos Humanos, Miguel Salazar, «el derecho» a cobrar este complemento «está por encima» del reparo.
El pleno también sirvió para cambiar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creando dos puestos nuevos adscritos a Personal, y para aprobar la modificación de las bolsas de trabajo, que serán adaptadas a las nuevas necesidades de la institución con el objetivo de ser más efectivas.
Ayer también se conoció que la ejecución del presupuesto de la diputación se sitúa en el 42% y que el pago medio a proveedores se situó en el mes de septiembre en 16,39 días de media.
Asimismo se aprobó la inyección de 8.000 euros para la celebración del concurso anual de albañilería en la ciudad de Cáceres, la aprobación de 95.412 euros para mejorar las instalaciones deportivas de Aliseda y se leyó un manifiesto, aprobado por todos los grupos políticos, contra la violencia de género.
Por otro lado, el portavoz del PP, Alfredo Aguilera, criticó el nombramiento del responsable de la oficina de gestión del Parque Cultural de Sierra de Gata, al considerar que «obedece más a una afinidad política que a una cuestión técnica». Por este motivo, todos los alcaldes y los portavoces del PP en Sierra de Gata van a presentar una moción en cada uno de sus municipios, para instar a la diputación a que «se vele por el bienestar, el crecimiento y el futuro de los pueblos», según afirmó Alfredo Aguilera.
