El presidente de la diputación, Juan Andrés Tovar, reiteró ayer que el nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo perjudica los intereses de la institución provincial. Tovar dio una cifra para explicar su aseveración al asegurar que entre lo que obtiene la diputación del plan "y lo que entendemos que debe dársenos existe una diferencia de cerca de 200 millones de euros". El alcalde, José María Saponi, mantuvo ayer por la tarde una charla telefónica con Tovar, en la que el alcalde "le expresó su intención de la firma de un convenio y de un próximo encuentro" técnico y político, según indicaron ayer fuentes del ayuntamiento.
Tovar se refirió al contenido de las alegaciones que la diputación ha presentado a la revisión del plan y lo hizo ayer dado que el ayuntamiento dictamina las alegaciones esta semana. Tovar aclaró que la diputación no valora si el plan es bueno o malo, "se respeta la autonomía municipal", y que lo que reclama la institución es "igual trato" que se da a otros propietarios de terrenos que con el nuevo plan se van a desarrollar, "que las cargas se repartan de forma equilibrada" en una redistribución que para el ayuntamiento no va a suponer "ni un solo euro", indicó.
El planteamiento de diputación parte de que en los últimos años ha ido aportando su patrimonio en suelo para que Cáceres tenga equipamientos: la universidad, la comandancia, el nuevo hospital o el centro de cirugía.
La diputación tiene terreno afectado por el plan en varias zonas (Aldea Moret, Ribera del Marco...), aunque la mayor parte de este suelo se concentra en la salida de Cáceres por la carretera de Trujillo. Este suelo se puede dividir a efectos del nuevo plan en tres grandes zonas: suelo urbanizable que queda para ampliar el campus, terreno que ahora es no urbanizable y en el que se van a poder hacer viviendas y suelo que quedaría como urbano para la futura ampliación del parque del Cuartillo o para el nuevo centro de reinserción social.
Lo que pide la diputación, entre otras cuestiones, es que ese suelo urbano que aporta para el parque o para el centro de reinserción se adscriba a terrenos en los que se podrá edificar con el nuevo plan; es decir, no ceder el suelo por nada, sino lograr una rentabilidad con patrimonio o edificabilidad en otro sitio, que es la fórmula que el nuevo plan establece para que la ciudad obtenga parcelas para dotaciones públicas, principalmente en la Montaña, en la Sierrilla, en la Ribera del Marco o en el ferial.
SECTORES Al mismo tiempo el plan crea nuevos sectores con usos residenciales en los que la diputación tiene terreno. Hay dos que están junto a la carretera de Trujillo y otro está al norte del campus. A estos sectores (1.06, 1.07 y 1.08, que aparecen en el plano) se adscriben terrenos de otras zonas para que los obtenga la ciudad para dotaciones públicas, entre los que se incluyen, según indicó ayer la diputación, parte del parque de la Montaña, de la ronda supernorte, del túnel de la ronda este, de la depuradora norte y del parque de Sierrilla. Lo que plantea la diputación es que no se dé esta adscripción a unos sectores que se encuentran entre los que menos densidad (viviendas por hectárea) se permite, aunque la intensidad en el uso del terreno (su aprovechamiento) es parecida al del resto de nuevos polígonos residenciales, ya que el menor número de viviendas se compensa con un mayor aprovechamiento terciario, entre el que se incluye el uso comercial.
Estos dos hechos: suelo de la diputación para dotaciones que no se adscribe y la adscripción de otros terrenos en los sectores residenciales donde participa la diputación inciden en que por parte de la institución provincial se haga una estimación de que se dejarían de percibir cerca de 200 millones de euros, ya sea en edificabilidad para utilidades lucrativas de un terreno o en patrimonio de suelo.
SUELO PUBLICO Tovar recordó que las alegaciones son las mismas que las entregadas hace año y medio tras la primera ratificación del plan general de urbanismo y que entonces no se aprobaron, "se dijo que se firmaría un convenio del que no hemos vuelto a saber nada". Añadió que si las alegaciones no se aceptan se podría "llegar a los tribunales y puede haber un parón del plan".
Uno de los planteamientos del nuevo plan general es que terrenos como los que se destinan a ampliar el parque del Cuartillo o al centro de reinserción social son ya de titularidad pública, aunque no sean municipales, y por tanto su obtención por la ciudad, adscribiéndolos a sectores residenciales, como se hace con la Montaña, sería innecesaria.
