La Diputación Provincial de Cáceres dio luz verde ayer a un nuevo convenio que afecta a los 1.004 trabajadores de la institución y del Organismo Autónomo de Recaudación, tanto a los funcionarios (802) como al personal laboral (202). Regula, entre otras medidas, que los empleados puedan disponer a partir de ahora de horas para el cuidado de hijos menores, así como para la atención de familiares mayores y de personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. En concreto podrán utilizar hasta el 5% de su jornada laboral. Además los enfermos de cáncer que estén finalizando un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia podrán incorporarse al trabajo de forma progresiva; hasta ahora deben hacerlo a tiempo completo.

La institución provincial celebró ayer un pleno extraordinario para aprobar ambos documentos (el convenio, que afecta a los trabajadores laborales, y un acuerdo, que regula las relaciones con los funcionarios). Era el único punto del día y fue aprobado por unanimidad de los grupos. Tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Regulan asimismo la recuperación de la jornada de 35 horas semanales y recoge la jornada especial de 12 horas para los bomberos forestales y de 24,5 horas para los conductores de bomberos.

Incluye además el permiso por paternidad (de 16 semanas), el pago de los servicios extraordinarios que se presten y el de incentivos, para mejorar la productividad de los empleados. También el abono de la carrera profesional para el nivel dos, que se hará de forma progresiva: el 25% en 2020, el 60% en 2021 y el 100%, en 2022. El convenio regula también la creación de una comisión de seguimiento del plan de igualdad.

«ACUERDO FUNDAMENTAL»

«Es un acuerdo fundamental para modernizar la diputación, que es fruto de un esfuerzo muy grande con los sindicatos. El convenio es un punto más del pacto social de esta legislatura, en el que siempre hemos tenido como punto central al trabajador», señaló ayer el diputado delegado de Personal, Miguel Salazar.

A pesar de que todos los grupos con representación en la institución (PSOE, PP y Cs) votaron a favor, el debate no estuvo exento de polémica. «Un convenio que goza del consenso de los sindicatos es de aplaudir pero no es bueno que se haga al final de una legislatura porque nace de por sí sin vocación de permanencia», recriminó al equipo de gobierno provincial el diputado popular, Domingo Expósito.

Tras su aprobación en el pleno la presidenta, Rosario Cordero, procedió a la firma del mismo con los sindicatos con representación en la diputación (UGT, CCOO, Tecae, GID, USO y CSIF). Cordero agradeció el esfuerzo realizado, tanto por parte de los miembros de la corporación provincial como por parte de las organizaciones sindicales, para lograr un acuerdo «por el bien de los trabajadores que, al final, redunda en los servicios que hemos de prestar a la ciudadanía de la provincia».

Para Juan Luis Plata, representante de GID, sindicato mayoritario en la diputación tras las últimas elecciones celebradas en el mes de febrero, el convenio ha conseguido mejorar aspectos en materia social. Los trabajadores pretendían que tuviera una vigencia menor para que fuera un documento transitorio, en el que se hubieran respetado los puntos del actual convenio modificando únicamente los nuevos. Finalmente se aprobó uno nuevo.

«Esperemos que sea de aplicación y que su aplicación sea además inmediata. Hay un compromiso de que en enero se retome la posibilidad de iniciar una revisión para que no pase como en otras ocasiones que, cuando cumple la fecha, se prorroga y se prorroga y al final caduca», afirmó Juan Luis Plata. Es lo que ha ocurrido con el anterior, en vigor desde noviembre del 2013 y que actualmente ya había caducado, a pesar de que ha continuado aplicándose hasta la fecha.