Buscaba trabajo y se encontró con una oferta tentadora, con un salario de 3.500 euros al mes. Contactó con a empresa, ubicada en EEUU, y le dieron las directrices del empleo: tenía que actuar de intermediario financiero. Para ello necesitó abrirse una cuenta bancaria en la que iba a recibir diferentes transferencias. Él debía retirar inmediatamente el dinero y enviarlo a través de dos empresas (Western Union o Money Gram) a las personas que ellos les indicaban a través de llamadas telefónicas. Cobraba además 100 euros al mes por gastos de teléfono y una comisión del 3% por cada transferencia.

Hizo todo lo que le pedían sin preocuparse de conocer la legalidad de la procedencia de esas cantidades de dinero, únicamente con el objetivo de conseguir dinero de una forma sencilla. En realidad solo llegó a recibir una transferencia porque después le cazó la policía. La cantidad que le ingresaron fue de 2.985 euros. La empresa americana lo había sacado de la cuenta bancaria de una persona que normalmente realizaba compras a través de internet, pero que en ningún momento había autorizado a nadie a que retirara ese dinero del banco.

En realidad la empresa americana lo que hacía era a realizar manipulaciones informáticas contra cuentas corrientes operadas a través de banca on line. Lo hacían a través de las técnicas denominadas ‘phishing’ (cuyo objetivo es conseguir información confidencial, como pueden ser los datos de una tarjeta de crédito), con virus troyanos o mediante ‘pharming’ (que redirije a los usuarios a páginas web falsas a través de las que se registran los datos privados).

ENVIÓ EL DINERO A KIEV / Conseguían así sacar el dinero e ingresarlo en las cuentas de los empleados que tenían. Una vez recibida la transferencia, el cacereño envió esa cantidad a una persona residente en Kiev (Ucrania). Restó 120 euros de la comisión que se quedó la empresa a través de la que hizo el giro.

El Juzgado de lo Penal Número 2 acaba de condenar a este cacereño a seis meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad de imprudencia grave. Deberá pagar además una multa de 3.000 euros e indemnizar al dueño de la cuenta bancaria con la cantidad que le estafaron, 2.985 euros. La sentencia es firme al haberse dictado por conformidad entre las partes.