La Junta de Extremadura llevó a cabo ayer tres nuevos desahucios en la barriada de Aldea Moret. Esta vez en el número 8 de la calle Germán Sellers de Paz, donde se tapiaron tres viviendas, dos de ellas desocupadas y una tercera en la que residía una familia en situación ilegal. En la inspección que llevaron a cabo los técnicos del Ejecutivo regional previa a que se efectuara el tapiado de una de las viviendas --se bloquea el acceso para evitar que sean ocupadas--, observaron que en su interior había droga, concretamente marihuana y hachís. En la casa no vivía nadie.

Fue necesaria la intervención de la brigada de estupefacientes, que se llevó del lugar las sustancias encontradas y tomaron huellas para lograr identificar al propietario de las mismas. Por el momento no hay detenidos. Tampoco ha trascendido la cantidad de droga que se ha aprehendido.

La vivienda era una de las que fueron desahuciadas, se encontraba en la sexta planta del edificio. La Junta actuó en otras dos casas más, una que también estaba desocupada y otra en la que residía un matrimonio joven en situación irregular. En este caso fue el propio inquilino el que se ofreció a los técnicos de la administración a abandonar la vivienda y a entregar las llaves. Y así lo hizo, en el transcurso de la mañana vació la casa y el matrimonio se reubicó en la vivienda de un familiar que reside solo y que es adjudicatario de otra casa social en el mismo inmueble.

Los técnicos de la Junta de Extremadura comprobaron la situación de todos los inquilinos del bloque y la mayoría de ellos ocupan las casas de manera irregular. Quieren conocer su historia para poderlos reubicar en otras viviendas del parque social.

Por el momento las casas que se han quedado vacías en este edificio de la calle Germán Sellers de Paz no van a recibir a nuevos adjudicatarios debido a los problemas de suciedad y a los inquilinos conflictivos que residen en él. "Es un bloque cuyas zonas comunes están muy deterioradas y en el que existen varias viviendas vacías, pero que son difíciles de adjudicar puesto que existe una familia muy conflictiva que presuntamente se dedica a actividades ilícitas. En principio se está estudiando qué hacer ante esta situación, pero no hay prevista ninguna actuación en breve", indicó ayer la Consejería de Sanidad y